Los legisladores deben impulsar una política de Estado para que los migrantes que regresan a México puedan insertarse a las actividades productivas y al tejido social, pues de otra manera podrían ser presa de la delincuencia organizada, advirtió la diputada Amalia García Medina.
Al reunirse con asociaciones civiles de protección a migrantes, comentó que la administración de Barack Obama tiene el récord histórico de deportaciones de mexicanos desde que comenzaron las relaciones con Estados Unidos, con 2.5 millones de connacionales, es decir, alrededor de 400 mil al año.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios mencionó que 54 por ciento de los mexicanos que vuelven al país no poseen documentos, por lo que los legisladores tienen la obligación de impulsar acciones tanto legales como presupuestales para auxiliarlos, pensando siempre en su reinserción social.
Sostuvo que la actitud del gobierno mexicano y del Congreso de la Unión debe ser clara e impulsar una política de Estado en ese sentido; y recordó la labor del diputado panista Raúl Gómez Ramírez en apoyo de los ex braceros que laboraron en Estados Unidos, para que recibieran sus ahorros.
García Medina precisó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, en un artículo transitorio, establece que esos recursos sean entregados a los ex braceros o a sus familias a más tardar en diciembre del presente año.
En tanto, representantes de la Fundación MATT y de la Asociación Sin Fronteras advirtieron que el rechazo en Estados Unidos a las acciones ejecutivas migratorias de Obama podría afectar a siete millones de mexicanos indocumentados que viven en ese país.
Estimaron que dos millones de connacionales no cubrirían los requisitos para beneficiarse y permanecer en esa nación, incluso ante una eventual reforma migratoria en la Unión Americana.
Aracely García Granados, directora ejecutiva de la Fundación MATT, y Nancy Pérez García, presidenta de Sin Fronteras, llamaron a impulsar una política integral en México que brinde mejores condiciones de retorno a los migrantes, lo cual ayudaría a reducir el impacto de cualquier acción legal negativa en Estados Unidos.
Recordaron que 26 gobernadores del vecino país del norte rechazaron la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida (DACA), con el argumento de que eran inconstitucionales, además de alegar que sus estados sufrirían perjuicio económico.
“Todavía no se tiene una resolución al respecto, pero se espera que el tribunal de apelaciones de Nueva Orleans (que actualmente analiza el caso) promueva el rechazo, por lo que el gobierno de Obama tendrá que desahogarlo en la Suprema Corte de Justicia”, explicaron.
En su participación, la diputada Loretta Ortiz Ahlf dijo que hace falta impulsar proyectos para mejorar las condiciones económicas en México, en lugar de reglamentar la portación de armas de los agentes estadunidenses; con o sin ellas será imposible detener a quienes van en busca de mejores oportunidades.
La diputada perredista María del Socorro Ceseñas Chapa insistió en que se debe vigilar la aplicación de los recursos públicos etiquetados para migrantes, además de precisar dónde se darán los recortes presupuestales para el sector, “algo que la Secretaría de Hacienda no nos ha dicho”.
La Fundación MATT y la Asociación Sin Fronteras subrayaron que México, en virtud de su posición geográfica, tiene desafíos que debe enfrentar para lograr un Estado de derecho en favor de los migrantes, ya que las violaciones a los derechos de este sector se han acentuado en los últimos años con secuestros, masacres, desapariciones y amenazas a defensores de indocumentados.
Por otra parte, los diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios brindaron un minuto de aplausos al diputado Raúl Gómez Ramírez, quien era integrante de la instancia y luchó por que se respetara a los migrantes, y que desafortunadamente falleció en diciembre a causa de un accidente automovilístico.
Asimismo, se avaló la opinión favorable respecto a la expedición de la Ley de Fomento para la Frontera Norte, solicitada por la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.
Además, acordaron remitir a la Junta de Coordinación Política una propuesta para incluir a la frontera sur en un marco legal que impulse su desarrollo económico.
Los integrantes de la comisión también aprobaron un punto de acuerdo por el que solicitan al secretario de Relaciones Exteriores presentar, a través de la embajada de México en España, la candidatura del grupo Las Patronas, para recibir el Premio Princesa de Asturias 2015, en la categoría de Concordia.
La propuesta pretende reconocer la labor del grupo de 15 mujeres conocido como Las Patronas, quienes auxilian a miles de migrantes centroamericanos durante su tránsito a Estados Unidos a bordo del tren carguero conocido como “La Bestia”.
La ayuda que ellas brindan a los migrantes es repartiéndoles comida, dándoles ayuda sanitaria a los que están mutilados y heridos o asesoría legal a las familias que han perdido algún familiar.
La comisión se declaró en sesión permanente con el objetivo de analizar y recibir las propuestas de modificación al dictamen por el que se reforman los artículos 3, 11, 68, 69, 70 y 109, y se adiciona un artículo 29 bis de la Ley de Migración, la cual tiene el objetivo de proveer una defensoría de oficio a los indocumentados.
García Medina sostuvo que esta reforma da la posibilidad a México de que se le reconozca como un país que promueve la protección de los migrantes y de sus derechos humanos.
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