Legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM condenaron el fraude cometido por la sociedad financiera popular Ficrea y pidieron a las autoridades actuar con prontitud para castigar a los responsables y buscar todos los mecanismos legales para entregar a los ahorradores el total de sus recursos.
Consideraron que el Poder Legislativo debe fortalecer el marco legal de las cajas de ahorro para inhibir este tipo de fraudes y castigar con mayor severidad a los responsables.
Al participar en la reunión de trabajo con los titulares de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Jaime González Aguadé y Mario Di Costanzo, en ese orden, y con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz, la senadora Blanca Alcalá expresó el interés por conocer la situación que llevó al proceso de intervención y revocación de Ficrea.
La presidenta de la Tercera Comisión de la Permanente de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas resaltó que se busca conocer los alcances de las acciones hasta ahora realizadas y tener la información pertinente de cuál será la posición de los ahorradores y de todos los personajes que están involucrados en esa situación.
Para los legisladores, insistió, es de vital importancia no solo llegar al análisis de la investigación y a las últimas consecuencias de este tema, sino sobre todo también tomar las medidas desde el Poder Legislativo para evitar situaciones que en un momento dado pongan en riesgo la situación de pequeños ahorradores.
Al fijar la postura del PRI, el senador Ricardo Urzúa Rivera subrayó que el fraude de Ficrea no debe ser utilizado para generar desestabilización en el sistema financiero mexicano, “en virtud que desde el Congreso de la Unión hemos fortalecido el marco jurídico para la regulación de estas sociedades”.
“Sabemos que esta caja de ahorro constantemente ocultaba y alteraba información, complicando el trabajo de las autoridades financieras. No obstante, hasta el momento dichas autoridades han actuado con objetividad, responsabilidad y legalidad”, afirmó.
Comentó que las instituciones financieras y judiciales no han tomado decisiones irresponsables, ya que antes de la intervención se contrató un auditor externo para llevar a cabo un estudio técnico, a través del cual se determinó la disolución y liquidación de la sociedad.
A nombre de Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón se pronunció porque las autoridades recuperen a la brevedad el mayor número de activos de la sociedad para liquidarlos y entregar a los ahorradores defraudados el total de sus recursos.
Manifestó la necesidad de modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular para prevenir casos similares, dar mejores instrumentos de supervisión y vigilancia, acción y sanción a las autoridades financieras, y para que los montos de los seguros de depósito cubran más de los 25 mil UDIS actuales.
Asimismo, exigió que se castigue a los responsables del fraude y a quienes, por acción u omisión, tuvieron algo que ver con el caso.
El senador del Partido Verde, Juan Gerardo Flores Ramírez, señaló en tanto que el caso Ficrea obliga a los legisladores a revisar las leyes vigentes para corregir deficiencias y evitar perjuicios futuros a los ahorradores del país, en especial los montos de los seguros de depósito de las sociedades financieras y un alza en las multas.
“Tenemos que ver de qué manera les damos mejores facultades a las instituciones para que puedan llevar a cabo su papel de manera más oportuna y que, además, tengan herramientas para sancionar de manera más eficaz este tipo de agentes para que se inhiba este tipo de prácticas”, puntualizó.
A nombre del PRD intervino la senadora Dolores Padierna Luna, quien consideró que el caso Ficrea es un claro ejemplo de la falta de regulación y supervisión por parte de las instituciones del sistema financiero mexicano.
“No hay una capacidad preventiva para evitar los fraudes de los intermediaros financieros, sólo se reacciona ante fraudes consumados”, indicó.
Cuestionó cómo fue posible que en cinco años ninguna autoridad se diera cuenta de que esta sociedad operaba en forma fraudulenta y sostuvo que “se tiene que monetizar a los ahorradores, desde luego hacer uso del seguro, y regresarles su dinero al cien por ciento”, expresó.
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