Las indocumentadas que laboran como empleadas domésticas en Estados Unidos en muchas ocasiones lo hacen en condiciones infrahumanas y con bajos sueldos, sin que gobiernos ni organizaciones de trabajo atiendan su problemática, denunció la legisladora Amalia García Medina.
“Es un trabajo esclavo en muchas ocasiones y están bajo la amenaza de que si ella o él pretenden hacer valer sus derechos, entonces los van a denunciar a migración para que sean deportados”, explicó la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
En entrevista aseguró que la condición de estar en esa nación sin documentos es tomada como pretexto por los empleadores para violentar todos sus derechos laborales, lo cuales están consagrados en distintos instrumentos internacionales.
“Estados Unidos no ha signado convenciones e instrumentos internacionales fundamentales, como el de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias”, señaló.
Por lo tanto el propio gobierno de la Unión Americana, ya ni hablar de los particulares, no se siente obligado a respetar los derechos laborales de las personas, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
García Medina se pronunció a favor de las acciones ejecutivas impulsadas por el presidente Barack Obama, para que padres y madres indocumentados de niños hijos nacidos en Estados Unidos puedan “salir de las sombras” y exijan sus derechos laborales.
“No se les respeta jornadas de trabajo, vacaciones, su derecho a la seguridad social ni a un salario digno. Trabajan incluso fines de semana”, denunció.
Amalia García planteó que en el caso de las trabajadoras del hogar, en Estados Unidos ha habido a lo largo de los últimos años distintas voces, pero no han tenido la fuerza suficiente.
Dijo que es frecuente que aparezca en los medios de comunicación en la Unión Americana algún caso de senadores, miembros del gobierno de algún estado o federal que tienen a personal indocumentado laborando en sus hogares y en condiciones adversas.
Cuando sale alguna información específica de ese tipo, subrayó, comienzan las voces a reclamar que se les regularice para que puedan garantizar sus derechos, pero es algo circunstancial y hace falta que haya un movimiento más fuerte.
La representante perredista descartó que empresas o empleadores busquen que se otorguen permisos de trabajo a migrantes ya que resultaría más accesible supervisar o vigilar las condiciones bajo las que laboran, especialmente en el caso de las trabajadoras del hogar.
Sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía incluya en los censos que realiza a las familias mexicanas la pregunta sobre si alguno de sus integrantes labora fuera del país y en qué situación migratoria se encuentra.
“Preguntarles en Estados Unidos es muy difícil, pero preguntar desde aquí a las propias familias que saben qué hace cada uno de sus familiares que están allá, sería el mejor mecanismo”, aseguró.
Notas Relacionadas
About The Author
