» Juzgados canalizarán a rehabilitación a detenidos por alcohol y drogas

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal anunciaron que las personas adictas al alcohol y a otras drogas que sean remitidas a juzgados, además de la sanción a la que se hagan acreedoras, serán canalizadas para su atención en adicciones.

Los titulares de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, José Ramón Amieva, y de la Secretaría de Salud, Armando Ahued Ortega, así lo dieron a conocer durante la firma del convenio que indica que a partir del 18 de mayo, 511 servidores públicos, entre jueces y secretarios de los juzgados cívicos, se capacitarán en materia de prevención y atención de adicciones.

Detallaron que en 2013, de 75 mil 489 infractores, 22 mil 316 eran personas adictas; en 2014, la cifra subió a más de 58 mil, es decir, en un año pasó de 30 a 38 por ciento del total, tendencia que se mantiene en lo que va de 2015 con 44 por ciento.

Ante ese problema, en fecha próxima, las personas que sean presentadas en los 51 juzgados cívicos por ingerir alcohol u otras drogas en la vía pública, además de recibir la sanción correspondiente, serán orientadas y canalizadas para su atención en materia de adicciones.

Amieva Gálvez expuso que se ha visto con atención y preocupación que prácticamente una tercera parte de las personas sancionadas en los juzgados cívicos se encuentra ahí por ingerir bebidas alcohólicas u otras drogas en lugares públicos.

A su vez, Armando Ahued, señaló que más de dos millones de personas, 32 por ciento de los habitantes del Distrito Federal, de entre 17 y 65 años de edad, beben alcohol de manera ocasional o por adicción, mientras poco más de medio millón, ocho por ciento del total, usa drogas ilegales.

Detalló que en el marco del Programa Integral de Cultura Ciudadana de la Ciudad de México y de acciones de promoción de la salud, los servidores públicos capacitados contribuirán a la prevención y reducción en el uso, abuso y dependencia al alcohol y otras sustancias psicoactivas.

Ellos orientarán, y en su caso canalizarán a alguno de los 32 centros de Atención Primaria en Adicciones o las dos Unidades de Atención Toxicológica, a quienes tengan ese problema y hayan infringido la Ley de Cultura Cívica.

Con la aplicación de dicho convenio, dijo, los jueces y los secretarios cívicos sensibilizarán a los infractores sobre las consecuencias sociales, familiares y jurídicas de su conducta, por lo que se convierten en reguladores sociales.

Con esa estrategia preventiva y respeto a los derechos humanos se intentará convencer a las personas de que permitan que se les evalúe y atiendan su problema de salud en un centro especializado, porque “no son delincuentes, son enfermos”, puntualizó Ahued.