Juristas y juzgadores se manifestaron por procesos abiertos para que la sociedad pueda proponer candidatos a jueces, magistrados y ministros, aunque desestimaron la designación de los integrantes del Poder Judicial por voto popular.
“¿Hay que votar a los jueces, magistrados y ministros, así por participación directa?, yo pensaría que no, pero sí creo que hay que meter participación indirecta”, puntualizó Hugo Alejandro Concha, abogado general de la UNAM.
En el marco del conversatorio “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación”, organizado por Morena en la Cámara de Diputados, el académico señaló que el camino para designar a los ministros de la Suprema Corte no es una contienda abierta que los convierta en militantes de partidos políticos, sino abrir el proceso a la presentación de candidaturas por parte de la sociedad, académicos y organizaciones.
Remarcó que no se debe limitar a los jueces, ni perseguirlos, sino mejorarlos, fortalecerlos, crear mecanismos de responsabilidad cuando fallan, pero ante todo que sean confiables y brinden seguridad de parte de la ley.
En su turno, el juez primero penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, Antonio Cortés, señaló que las convocatorias del Poder Judicial de la Federación para jueces y magistrados son internas, por lo que planteó sean abiertas y públicas para permitir el ingreso de abogados con preparación, capacitación y experiencia.
Se pronunció por reducir los periodos de los ministros de la Corte, actualmente de 15 años, y al concluir sean sometidos a la revisión de su actuación.
“Me parece que esto impactaría trascendentemente en la transparencia del Poder Judicial, en la revisión y rendición de cuentas”, dijo.
Javier Hurtado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, sostuvo a su vez que la elección de los ministros por consulta popular no resolverá que México se encuentre en el sitio 45 de impunidad en el mundo, pero modificar el sistema de elección trascenderá en fortalecer el Estado de Derecho, reforzar la relación entre poderes y terminar con la corporativización de la Suprema Corte.
(milenio.com)
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