» Juicios orales, lo que se ve también se juzga

Esta nota fue creada el sábado, 31 enero, 2015 a las 22:58 hrs

El edificio aún brilla de lo limpio, es blanco, todo es nuevo. Anteriormente en ese inmueble de la colonia Doctores había unas típicas oficinas del Poder Judicial capitalino, con archiveros y montones de expedientes incluidos. Ahora alberga salas o auditorios para audiencias y juicios orales.

Es la segunda sesión de lo que se ha llamado “el primer juicio oral del Distrito Federal”, aunque técnicamente es incorrecto llamarlo así, pues esas audiencias son previas al juicio y en ellas apenas se decidirá si hay suficientes elementos para enjuiciar al acusado.

El auditorio está lleno, hay unas 100 personas entre prensa, funcionarios públicos y público en general que atestiguarán algo que antes sólo correspondía al escritorio del juez. Ahora la decisión del juez será juzgada de inmediato por los presentes.

Los únicos de pie en la sala son los policías formados a lo largo de los pasillos entre el público, están alertas, se hacen señas entre sí con los ojos, vigilan que nadie haga desorden y de ser el caso están facultados para sacarlo por la fuerza.

Tampoco se puede grabar ni tomar fotos. Quien difunda imágenes o audios de la sesión puede ganarse hasta 36 horas de arresto, por eso los hombres y las mujeres policías clavan su mirada en cualquiera que haga movimientos sospechosos con el celular o abra su bolso.

Sobre la calle Doctor Lavista un grupo de ciclistas se quedó sin acceso, protestan, piden un castigo ejemplar contra Francisco, el acusado.

Quedaron inconformes con la sesión anterior porque la jueza le concedió ejercer su derecho de seguir el juicio en libertad tras el pago de una multa de 300 mil pesos.

Rafael, quien murió tras ser atropellado por Francisco, también era ciclista, una actividad que ha crecido de manera notable en los últimos años en el Distrito Federal. Según la policía capitalina el atropellamiento es el segundo accidente vial más común en la ciudad.

En la sala la secretaria anuncia la entrada de Nelly Ivonne Cortés, la jueza. Todos se ponen de pie para recibirla, como cuando los alumnos de primaria, solemnes, reciben a la profesora que entra al salón.

Sigue el protocolo, se narran los pormenores del caso y antes del debate todos se presentan. Primero la parte acusadora, conocida como fiscalía o ministerios públicos o “eme pes” en México.

También hay una mujer que representa al fallecido Rafael, aunque se omite el parentesco que tenía con él. En el costado izquierdo está el acusado con su equipo de abogados.

Están a la misma distancia de la jueza, a la misma altura y supuestamente tras la reforma esa simetría también debe verse reflejada en la igualdad de condiciones que ambas partes deben tener.

En el anterior sistema el Ministerio Público tenía muchas ventajas al presentar las pruebas contra el acusado, pero en este caso el debate inicia con algo que la fiscalía no esperaba: un testigo que intenta desestimar una de las pruebas de la fiscalía y trata de restar validez a una de las pruebas contra Francisco.

Es José Antonio Hernández, perito médico, quien afirma que para acreditar el grado de ebriedad de una persona son necesarias pruebas toxicológicas que no se practicaron a Francisco a pesar de que la Procuraduría pudo haberlo hecho.

En un momento la discusión se centra en las características que tiene un borracho. Pareciera un debate absurdo, pues en la cotidianidad es fácil distinguir a un ebrio si se le mira y se le huele.

Sin embargo debe tomarse en cuenta que la jueza no estuvo en el momento del atropellamiento, así que debe tomar una decisión en base en lo que otros le dicen y para ello necesita pruebas certeras.

Además a Francisco se le quiere vincular a proceso por “homicidio culposo agravado” y la agravante es precisamente haber manejado presuntamente borracho.

Los abogados de la víctima recordaron que dos policías y un ciclista son testigos de que el acusado, dentro del auto después del accidente, tenía “la mirada perdida” y despedía olor a alcohol.

En la parte final de la sesión la jueza Cortés determinó que había elementos suficientes para vincular a proceso a Francisco como probable responsable de homicidio culposo agravado.

Con ello el juicio seguirá y Francisco Gutiérrez es considerado “presunto culpable”, mientras que la fiscalía pidió tres meses para recabar más pruebas contra el acusado, lo que servirá para el verdadero juicio.

Hasta hoy la única verdad jurídica es que Rafael Augusto Guerrero está muerto y Francisco Javier Gutiérrez conducía el auto que lo impactó.

Según la jueza Nelly es muy probable que Francisco conducía borracho y a exceso de velocidad en el momento de los hechos y por ese motivo decidió vincularlo a debido proceso.

De acuerdo con el jurista Miguel Sarre, maestro del ITAM e impulsor de los juicios orales desde la academia, lo que se gana con ese proceso es el derecho a la verdad, la certeza de que se reparará el daño y el verdadero culpable recibe castigo.





           



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