Sergio Santamaría Chamú, juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, solicitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, que el Pleno del Alto Tribunal atienda su petición para que se pronuncie sobre la “persecución administrativa y penal” que se inició en su contra.
Se trata de uno de los dos jueces que otorgaron suspensiones definitivas, en las que se ordenó a los Comités de Evaluación de los tres Poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— frenar actividades.
Esto, mientras se resolvían de fondo dos juicios de amparo contra la reforma judicial, acuerdo que solo fue acatado por el comité judicial.
¿Qué acusa el juzgador?
Es de mencionar, que tras emitir la medida cautelar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentó una denuncia en su contra por una presunta invasión de competencias.
El juzgador mencionó que el 6 de febrero, el máximo tribunal de justicia aplazó la discusión sobre el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que propone “establecer que la Sala Superior menoscabó la independencia judicial de los jueces de amparo”.
“Ya que no tiene ninguna facultad para erigirse como órgano supervisor de estos y menos aún para negarle fuerza de derecho a sus determinaciones”.
Sergio Santamaría Chamú busca cooperar
Asimismo, detalló que la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por personas Servidoras Públicas y Contra la Administración de Justicia, le solicitó una copia certificada del juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed).
Con el objetivo de determinar si hay actos que pudieran ser constitutivos del delito contra la administración de la justicia.
No obstante, dijo estar impedido para atender la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), porque el 24 de enero, el expediente fue turnado al Juzgado Tercero en Materia Administrativa en Jalisco, y también a la Corte.
¿Qué pasó con los Comités de Evaluación?
El martes 7 de enero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió, en el ámbito de sus atribuciones, la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Esto, luego de que un juez de Michoacán ordenó a los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— suspender las normas generales (leyes federales o secundarias) de la reforma judicial; sin embargo, la decisión de acatar este decreto fue autónoma por parte de cada institución.
(milenio.com)
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