El representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli respaldó la iniciativa presidencial para disolver los gobiernos municipales en casos de infiltración del crimen organizado, siempre y cuando sea temporal y con reprogramación de elecciones.
En el marco de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia que realiza el Senado para analizar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de municipios y mando único policial, dijo que la eventual intervención de la Federación en los municipios debe estar justificada a plenitud y ser temporal.
“Ser siempre temporal, en el sentido de fijar de manera muy clara los términos de la intervención y la reprogramación de elecciones locales. La medida es una medida garantista y de eliminar las sospechas (de) que los que han sido elegidos no estén representando o no estén operando para implementar y para defender sus intereses”, dijo
Mazzitelli expuso que estas intervenciones de la Federación para disolver un municipio deben ser sustentadas de manera muy clara, “comprobando las infiltraciones con indicios concretos, unívocos y relevantes, que puedan atestar la existencia de relaciones directas o indirectas entre administradores públicos y el crimen organizado”.
En la sede del Senado de la República, reconoció que los municipios son el primer objetivo de la ocupación del territorio por las organizaciones criminales, que sin necesidad de utilizar la violencia controlan todas las dinámicas económicas y políticas.
Lo anterior, opinó el funcionario de la ONU, implica la progresiva y complaciente sustitución de los principios de buen gobierno, de imparcialidad y de legalidad, por los intereses privados de la cooptación criminal y de la opacidad en la administración.
Argumentó que una intervención preventiva en las alcaldías del país puede representar un instrumento eficiente, eficaz y garantista, que coadyuve a romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba con el Estado de derecho a nivel territorial.
La disolución de las juntas municipales debería ser una medida preventiva y posiblemente de carácter administrativo, no penal; cuyo objetivo es restablecer las condiciones para que las instituciones puedan cumplir sus funciones y así proteger y fortalecer los principios democráticos de representación y de buena administración, indicó.
El representante de la Organización de Naciones Unidas dijo que la intervención del gobierno federal en los municipios no debe ser visto como la solución a todos los problemas de violencia e inseguridad que aquejan a las regiones del país.
Sin embargo, acotó, esta reforma es un paso adelante en la construcción de una política de Estado en materia de justicia, seguridad y de promoción y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos.
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