El Senado de la República inició las audiencias públicas con motivo de la dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en la que participarán 22 personas de organismos civiles, instituciones públicas, académicos y especialistas en el tema.
Ante las comisiones unidas Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación, y Estudios Legislativos Segunda, la ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Jacqueline Peschard Mariscal, externó su preocupación porque se legisle contrario a la reforma constitucional en materia de transparencia, concretamente con la obligación de los sujetos obligados a documentar sus actos.
En tanto, Ana Cristina Ruelas Serna, de la organización independiente de derechos humanos Artículo 19, resaltó que sólo a través de la transparencia se puede evaluar la efectividad de las instituciones de procuración de justicia.
A su parecer, hasta el momento la secrecía de la información no ha funcionado para garantizar la efectividad de la persecución de los delitos.
A su vez, con la representación del Inegi, Jorge Ventura Nevares, se pronunció porque la ley general establezca que la información estadística se utilizará exclusivamente para fines estadísticos, y que bajo ninguna circunstancia se podrán dar a conocer de manera individualizada los datos de los informantes.
En su turno, el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, sostuvo que el ombudsman está convencido de que el acceso a la información pública es inherente a un sistema democrático de derecho y, por tanto, debe garantizarse su protección, particularmente en los casos en que existan violaciones graves a las garantías individuales.
Consideró que los hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos deben ser del conocimiento público y no tener un carácter de reservado.
La directora del Centro de Análisis e Investigación para la Capacitación, Difusión y Acción en torno a la Democracia en México (Fundar), Haydeé Pérez Garrido, indicó que las propuestas parecen orientarse a proteger ciertas áreas de la administración pública federal del escrutinio público, al establecer la casi imposibilidad de difundir información sobre las materias que regulan.
“Se busca limitar la posibilidad de los órganos garantes de ejercer un verdadero contrapeso, al definir sanciones especiales para sus funcionarios públicos, así como revertir la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI”.
Advirtió que esa visión acotada y nutrida por la desconfianza amenaza con debilitar toda la arquitectura legal que hace válido el derecho de acceso a la información en México.
Las audiencias continuarán esta tarde y mañana martes, en el recinto Legislativo, con el objetivo de escuchar las opiniones de organizaciones, organismos garantes, y especialistas en la materia que permitan fortalecer el dictamen.
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