El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer a la Cámara de Diputados que su presupuesto se mantuvo en las medidas de racionalidad y austeridad, pese al incremento en sus recursos.
Este presupuesto, sostuvo, no se ha traducido en un dispendio hacia las percepciones de los servidores públicos, toda vez que los comisionados han actuado con responsabilidad, dando ejemplo de austeridad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Continuó que prueba de ello es que las erogaciones por servicios personales disminuyeron como proporción del gasto total del Instituto al pasar de 67.5 por ciento, en 2004, a 64 por ciento, en 2010, y finalmente, a 60 por ciento, en 2015.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, el INAI reconoció que en los últimos 10 años el presupuesto asignado al organismo ha crecido a una tasa promedio anual de 12 por ciento en términos reales; aunque, descontando el incremento del último año, este promedio se reduce a 6.5 por ciento.
Lo anterior se debe a la autorización de la Cámara de Diputados de mayores recursos presupuestales, en concordancia con la reforma constitucional de 2014 y a la Ley General en materia de transparencia, en especial, para la planeación e implementación del Sistema Nacional de Transparencia.
El INAI puntualizó que las erogaciones que realizó en materia de servicios personales en el último decenio crecieron a una tasa anual promedio de 11 por ciento en términos reales.
No obstante, aclaró, descontando el incremento del último año, el efecto es sólo de 1.1 por ciento en términos reales pese al aumento del número de servidores públicos que se incorporaron al Instituto para atender las cargas de trabajo ante el crecimiento sostenido en la cantidad de solicitudes de acceso a la información.
Así como a la atención y resolución de los recursos de revisión previstos en la normatividad, aunado a las nuevas responsabilidades, tales como las contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Asimismo, destacó el deterioro en términos reales en las percepciones de servidores públicos de mando, en los últimos 10 años, y que se acumula desde 25 por ciento a subdirectores, hasta 43, 42 y 41 por ciento en las percepciones mensuales de comisionados, directores de área y directores generales, de manera respectiva.
No obstante, dijo, eso no justificará que no se acate la responsabilidad que el Congreso ha depositado en los servidores públicos del organismo.
Tampoco mermará la atención y debida observancia a ninguno de los mandatos y principios constitucionales para garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental ni la protección de los datos personales en posesión de particulares, agregó.
Mucho menos, advirtió, será pretexto para no atender de manera profesional la implementación del Sistema Nacional de Transparencia en la que la sociedad mexicana ha puesto gran esfuerzo y esperanza para fortalecer la rendición de cuentas en las instituciones públicas y reducir los espacios a prácticas de corrupción.
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