El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que el INE no tiene condiciones financieras para cumplir con los lineamientos legales que exige la revocación de mandato, pues aún con todos los ajustes y ahorros presupuestales posibles, sólo cuentan con uno de cada tres pesos necesarios, por lo que deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si la autoridad electoral puede violar la ley.
Durante la Junta General Ejecutiva del INE, en la que se aprobaron ajustes al presupuesto por casi 500 millones de pesos, Córdova Vianello explicó que el próximo viernes en la sesión del Consejo General propondrá ahorros adicionales por más de 207 millones de pesos, con lo que lograrían un paquete que, sumando los 830 millones de pesos que sí entregó la Cámara de Diputados, consiguen mil 500 millones de pesos, es decir, aún faltan más de dos mil 300 millones de pesos para el boquete que dejó el recorte presupuestal.
“Es decir, a pesar de los esfuerzos que ha hecho esta autoridad, que hará esta autoridad, vamos a tener, apenas, capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que va a costar ese ejercicio. Ésta es una situación inédita y no quiero exagerar en los tonos, pero grave, porque por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados ha colocado al Instituto Nacional Electoral en una situación en la que, por la falta de recursos, están en entredicho la realización de sus funciones constitucionales y el ejercicio de las y los derechos de quienes quieran, en su caso, implicar, o aplicar, instrumentar la primera revocación de mandato de nuestra historia.
“El recorte de la Cámara de Diputados, que aplicó al presupuesto solicitado por el INE es de tal magnitud que el INE, de entrada, no tiene condiciones financieras para poder cumplir con lo que dice la ley, en la realización de dicho ejercicio. La falta de información, así lo quiero ver, con la que la Cámara de Diputados tomó su decisión coloca en una comprometida situación al Instituto Nacional Electoral de cara a la eventual realización de este ejercicio”.
Córdova reiteró que, como MILENIO reveló ayer, el INE ya acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina qué debe hacer la autoridad electoral ante esta imposibilidad histórica para cumplir con sus obligaciones constitucionales por falta de recursos.
“Que la Suprema Corte de Justicia resuelva si este Instituto debe realizar la Revocación de Mandato con la tercera parte del presupuesto necesario, esto implicará evidentemente violar las disposiciones de la ley en esa materia o si se ordena a los órganos que son responsables de generar los recursos para que se cumpla la Constitución, para que el ejercicio, si así lo deciden las y los ciudadanos, pueda llevarse a cabo”.
Aunque dejó claro que la revocación de mandato, de lograr las más de 2.7 millones de firmas necesarias que permitan realizarse en abril de 2022, será con la calidad técnica que siempre han caracterizado los ejercicios organizados por el INE.
(milenio.com)
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