El INE revisa las cláusulas del contrato y sus anexos técnicos que firmó con Scytl México, para valorar las consecuencias administrativas, técnicas y jurídicas que se desprenden del retraso en la prestación del servicio por parte de esa empresa.
En un comunicado, el organismo expresó que tomará las medidas que resulten pertinentes para asegurar que la autoridad electoral cuente con la capacidad técnica y los instrumentos para el ejercicio de todas sus facultades en materia de fiscalización.
El Instituto Nacional Electoral (INE) garantizó que informará con plena transparencia sobre las decisiones que se adopten para evitar que se vean afectadas sus funciones sustantivas.
Recordó que la fiscalización estricta del ingreso y gasto de los partidos políticos y candidatos constituyó uno de los ejes rectores de la reforma electoral de 2014.
Para cumplir con los propósitos de ese proceso destacó la importancia de desarrollar herramientas tecnológicas novedosas y un sistema electrónico robusto, capaz de respaldar las nuevas exigencias del modelo de fiscalización y proporcionar información sólida y definitiva en plazos muy breves.
Para llevar a cabo esa tarea, con base en su propia normatividad, el organismo invitó a diversos proveedores especializados a concursar para construir el sistema de cómputo requerido.
Como resultado de ese procedimiento de invitación restringida el 30 de septiembre de 2014 se adjudicó un contrato plurianual de prestación de servicios al consorcio encabezado por la empresa Scytl México, S. de R.L. de C.V.
Sin embargo, “de conformidad con el cronograma previsto en el contrato se estableció que un primer producto en el desarrollo del sistema debía ser entregado al INE por Scytl México el pasado 14 de diciembre. Eso no ocurrió y el instituto tomó de inmediato cartas en el asunto”.
Ante la omisión el INE precisó que “ha iniciado un proceso de revisión de las cláusulas del contrato y sus anexos técnicos para valorar las consecuencias administrativas, técnicas y jurídicas que se desprenden de ese hecho”.
Finalmente, reiteró su compromiso de tomar todas las medidas que sean necesarias para cumplir oportunamente con la misión que se deriva del mandato constitucional de dar transparencia y riguroso control a cada peso que ingresa y se gasta en las campañas electorales, en congruencia con el espíritu de la reforma electoral.
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