Con el fin de evitar intentos de fraude a la ley por parte de políticos que pretenden hacerse pasar por indígenas para obtener diputaciones, el Instituto Nacional Electoral aprobó consultas previas a las comunidades originarias para informarse sobre estas candidaturas y garantizar que sean quienes ocupen estos espacios.
El Consejo General del INE acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual les ordenó en 2021 generar un protocolo para garantizar que realmente sean personas indígenas las que accedan a las diputaciones designadas específicamente para éstas.
Esto, como parte de la sentencia con la que revocaron la diputación plurinominal del PAN de Óscar Daniel Martínez Terrazas, quien a pesar de haber nacido en Chihuahua y ser diputado en Morelos, el partido lo registró como originario de una comunidad indígena de Guerrero, de la que el panista ni siquiera recordaba el nombre, lo que se concluyó como una simulación y un fraude a la ley, luego de que 100 integrantes de la comunidad presentaron una queja desconociéndolo.
Tras nueve meses de esa resolución, el PAN siguió defendiendo la candidatura, pues el representante del partido ante el Consejo General del INE, Víctor Hugo Sondón, reiteró que “hoy, como lo señalamos en su momento, es falso (que no sea indígena), se presentaron las constancias de acreditación y certificación por parte de la comunidad indígena donde se le reconoció el vínculo a nuestros candidatos, creemos que hubo presiones políticas”.
La consejera Dania Ravel dejó claro que con esta consulta previa, el objetivo es “garantizar que sean personas indígenas quienes acceden a las candidaturas y no determinar quién es indígena y quién no”, pero que ayudará a frenar los intentos de simulación que siguen afectando a estos grupos históricamente discriminados.
“Debe existir un vínculo con la comunidad y evitar la usurpación, para eso acudiremos a los pueblos y comunidades indígenas para promover y hacer de conocimiento la convocatoria respectiva; luego serán las propias comunidades indígenas las que responderán las preguntas del cuestionario, en esa etapa no intervendrá ningún órgano de la autoridad electoral; después habrá un diálogo en reuniones consultivas para llegar a los acuerdos que procedan para alcanzar el objeto de la consulta”.
La consejera Claudia Zavala no estuvo de acuerdo en algunos términos del proyecto, pues destacó que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas calificó como “regresivo”, el que el proyecto hable de llevar la consulta a personas cuando en realidad, es un derecho colectivo de comunidades indígenas.
El consejero Uuc-kib Espadas también insistió en que no es correcto este término, pues hay 24 millones de personas indígenas y no todas pertenecen a las comunidades establecidas con autoridades tradicionales fijas.
(milenio.com)
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