El Instituto Nacional Electoral aprobó el catálogo de infracciones para la elección judicial, en el que puso freno a quienes en este momento son aspirantes y todavía no obtienen una candidatura, a las campañas anticipadas fuera de los plazos legales, y agregó restricciones para la entrega de programas sociales y la intervención de servidores de la nación.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei hizo tres propuestas que pretendían quitar infracciones a los partidos políticos y a las personas servidoras públicas, como no considerar indebido que los partidos realizaran actos de proselitismo o se posicionaran públicamente a favor o en contra de alguna candidatura, lo que sólo fue respaldado por el consejero Jorge Montaño y rechazado por resto del Consejo General.
Otras consejerías realizaron varias propuestas de adiciones que terminaron rechazadas con el pleno dividido. Y únicamente fue aprobada la propuesta del consejero Martín Faz para regular el uso de programas sociales en el proceso y la intervención de servidores de la nación para promover alguna candidatura.
Con la experiencia de procesos electorales anteriores, el consejero Faz detalló que consideraba “necesario incluir disposiciones que refuercen la prohibición de injerencia de las personas servidoras públicas en actividades que puedan afectar la equidad de la contienda, particularmente de aquellas relacionadas con la operación de programas sociales”.
Por lo que, debido a que la ciudadanía se informará en foros que se organizarán a nivel estatal y distrital, estos tendrán restricciones para que no se busque coaccionar el voto usando programas sociales o utilizando a servidores de la nación.
Con esta idea, se aprobó incluir como otra restricción “la organización de foros por parte de dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas, que impliquen entregar un beneficio social directo a la población.
“Tampoco podrán participar como moderadores las personas servidoras públicas operadoras de programas sociales y actividades institucionales adscritas a esas instituciones ni las personas servidoras de la nación”.
Aunque este punto también fue aprobado por mayoría de votos, pues estuvieron en contra de regular los programas sociales a servidores de la nación, la consejera presidenta Guadalupe Taddei y su bloque Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño.
Desde este momento, las y los aspirantes y quienes obtengan una candidatura, tendrán prohibido contratar espacios en radio o televisión, medios de comunicación, espacios físicos, impresos o digitales para propaganda; realizar actos anticipados de campaña, caer en calumnia, vulnerar el interés superior de la niñez, entregar beneficios; publicar, difundir o contratar la realización de encuestas o sondeos de opinión.
Además, destaca que las personas que participan en este proceso desde ahora que han manifestado su intención de participar y si llegan a obtener una candidatura, no podrán “difundir propaganda con referencias a un partido o fuerza política”, y se vigilará que no hagan uso de recursos públicos.
Los partidos políticos no podrán intervenir de ninguna manera y las personas del servicio público, no podrán involucrarse en proselitismo ni manifestarse a favor de alguna candidatura, no podrán contratar publicidad, espacios en medios de comunicación, usar programas sociales o recursos públicos.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que se aclare si el gobierno puede participar informando desde sus mañaneras, se considera una infracción “el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.
La ciudadanía que busque influir en favor de una candidatura con encuestas o sondeos, también tendrá implicaciones, y estará prohibida la participación como observador electoral de militantes o representantes de partidos políticos.
(milenio.com)
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