“La única posibilidad de que Genaro García Luna pueda reducir su pena es que hable en contra de Felipe Calderón y Vicente Fox, si no, se va como El Chapo a cadena perpetua y se lleva su conocimiento a la cárcel. Genaro es una persona cobarde y está aguantando para sacarle ventaja a la negociación”, aseguró Javier Herrera Valles, ex comisario de la Policía Federal, que ha denunciado la corrupción del ex secretario de Seguridad Pública.
Hoy, 14 años después, por fin cobra sentido para el general Javier Herrera Valles lo que ocurrió en el lejano 2007.
Unos meses después de que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico apoyado por su incondicional, Genaro García Luna, recibieron una instrucción en la Policía Federal, a la que él pertenecía desde hacía 30 años.
Desde las cúpulas de seguridad decidieron que la Policía Federal de Caminos no brindará más protección en las carreteras del país. Retiraron la vigilancia y dejaron una que otra unidad para salir a atender accidentes o asaltos. Y nada más.
Esta desconcertante decisión quedó evidenciada como lo que era: un tremendo error. El 17 de mayo de 2007, un comando de hombres armados a bordo de 15 camionetas con blindaje, transitó impunemente por las carreteras del país. Eran 40 sicarios del cártel Golfo que se dirigían a Cananea, Sonora, y que transitó 300 kilómetros sin que la Policía Federal de Caminos los detuviera.
Cananea, un pueblo minero de poco más de 20 mil personas, vivió el episodio más sangriento de su historia: el comando asesinó a civiles y secuestraron policías y pobladores. Cortaron las comunicaciones del lugar. Fue una noche de terror. Al final, fueron asesinados 16 sicarios.
Unos días después, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reiteró que el estado no daría pasos atrás contra la delincuencia organizada. Dijo que todo había sido una venganza del cártel del Golfo en un territorio dominado por el de Sinaloa.
En entrevista con MILENIO, Javier Herrera Valles lo dice sin miramientos: “Estaban cuidando sus intereses”. Él siempre lo supo: todo era obra de Genaro García Luna, quien trabajaba para el cártel de Sinaloa. Aunque lo denunció, decidieron mirar para otro lado.
Y es que al comandante, un piloto de la Policía Federal que había pasado toda su vida en la dependencia, se le acercaban policías quienes le confiaron una dolorosa verdad: “Durante los operativos, cuando los elementos estaban a punto de detener a gente del cártel de Sinaloa, llegaba la instrucción que se retiraran”.
En el marco del juicio que inicia hoy en Nueva York, el comandante Javier Herrera Valles es una de las personas a las que buscaron los fiscales del Distrito Este de Nueva York para conocer su historia y saber cómo operaba Genaro García Luna.
Ahora su testimonio cobra más sentido que nunca, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que precisamente García Luna y sus cómplices le permitieron al cártel de Sinaloa moverse, cargar y descargar toneladas de drogas por las carreteras del país, para así continuar con el tráfico de drogas a Estados Unidos, a pesar de la guerra que había declarado abiertamente el presidente de aquellos años.
Herrera Valles está seguro de que saldrá a relucir el nombre de Felipe Calderón porque García Luna es su única oportunidad para reducir su pena.
Y aseguró que el destino del súper policía no será como el de El Chapo, quien fue sentenciado a cadena perpetua.
“Genaro García Luna es una persona cobarde y está esperando, aguantando para sacarle ventaja a la negociación”, insiste.
La venganza
Cuando García Luna llegó a la Secretaría de Seguridad Pública, el comandante Herrera Valles sabía lo que se anticipaba: venía de hacer desastres en la Agencia Federal de Investigación (AFI) en una época en la que se dispararon los secuestros y el narcomenudeo.
“Empiezan a involucrarse en temas de narcotráfico, pero ya de plano empiezan a proteger al Cártel de Sinaloa de manera descarada. Se les ocurre declararle la guerra contra la delincuencia, que no era otra cosa que una guerra contra sus rivales”, recordó.
En ese tiempo, el general Herrera Valles, un policía de carrera, había sido nombrado jefe del Distrito Centro de la Policía Federal que incluía la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Michoacán, entre otros estados.
Durante el inicio de esa guerra, el comandante sabía que algo andaba mal: no recibían explicación, indicaciones claras, los operativos eran confusos. Se estaba convirtiendo en una guerra sin rumbo donde sus compañeros y él corrían peligro.
Tal vez el primer quiebre entre el comandante y García Luna vino cuando lo nombraron coordinador de Seguridad Regional, tenía exactamente 30 años de servicio, y contaba con el reconocimiento entre sus compañeros de la Policía Federal.
“Ahí no sólo me entero de las irregularidades operativas, sino administrativas. Querían que firmara sus fechorías y yo no estuve de acuerdo. Ellos querían hacer negocios. Hubo una compra de mil patrullas por adjudicación y no cumplían con los requisitos de la entrega”, ejemplifica.
Lo peor fue cuando le pidieron que firmara siete cartas responsivas de comandantes que venían de la AFI y habían reprobado los controles de confianza, por lo que estaban impedidos de entrar. Con esas cartas pretendían justificar que había reprobado, pero eran gente con experiencia y capacitación, cuando no era cierto.
“Que retirar la vigilancia de las carreteras federales siempre se los cuestioné, pero ellos ya traían su plan. Dejaban libres las carreteras para que anduviera gente armada, drogas en cantidades industriales, migrantes y todo lo que implicaba dejar la carretera a merced de la delincuencia”, cuenta.
Cartas desde Durango
El comandante recuerda que la situación ya era insostenible. Ese año se le acercó alguien para decirle “que si no estaba con el ingeniero García Luna estaba en su contra”.
Era obvio que querían que el comandante se convirtiera en su socio “y yo no estaba dispuesto”.
Así empezó a madurar la idea de avisarle al presidente Felipe Calderón, de quien él, ingenuamente, pensó que no conocía la colusión con el narcotráfico de García Luna.
Fue así que el 15 de febrero del 2008 le envió una primera carta, donde le advierte de las irregularidades administrativas, de la colusión, entre otras.
Se la hizo llegar a través de la diputada federal María Elena Alvárez, quien la entregó a César Nava, secretario particular del presidente.
Fueron tres misivas. Aún recuerda que el panista Juan de Dios Castro, quien se desempeñaba como asesor jurídico en Los Pinos, le dijo que no enviara esa carta porque García Luna era el consentido de Felipe Calderón y podía tener problemas.
“Rodolfo Elizondo (secretario de Turismo con Calderón) me traiciona y envía la carta a García Luna, antes de que llegara al presidente”, lamenta.
A consecuencia de eso, en lugar de recibir respuesta, fue despedido de su cargo, suspendido de manera ilegal su salario, entre otras represalias. “Ellos sabían lo que estaba pasando. Me quedó muy claro que la instrucción del presidente era no atender esa parte (García Luna)”.
“Me dejaron prácticamente solo…”
Hoy el presidente Felipe Calderón dice que no conocía la colusión de García Luna con el narcotráfico; sin embargo, las cartas del comandante Herrera Valles cuestionan esa versión oficial.
“Le dieron a leer esa carta a mi hermano, que también trabajaba en la Policía Federal. Mi vida corría peligro. Tuve una información de que me iban a matar”, recuerda.
En mayo de 2008 escribió otra carta documentada con evidencias que envió al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora. Pero no hicieron nada. En cambio, él y su familia sufrieron las consecuencias.
“La persecución en mi contra incluyó a mi hermano Arturo Herrera, a quien mediante testigos protegidos le imputaron estar relacionado con la delincuencia organizada, utilizaron a un hombre llamado El Pitufo, que luego utilizaron contra mí, un secuestrador detenido en flagrancia que fue nuestro principal acusador”.
Le propusieron que dejara de hacer escándalo para regresarle su cargo. Además, le iniciaron un procedimiento administrativo por cuatro supuestas faltas al trabajo después de 31 años. Todos se prestaron, dice, porque estaba repleto de gente de García Luna, quienes hicieron el trabajo sucio.
Su hermano Arturo Herrera estuvo tres años en prisión, salió libre y jamás le comprobaron nada. Javier fue detenido en 2008 y estuvo cuatro años en un penal deplorable, el del Rincón en Nayarit.
“Yo no entendía como Medina Mora se prestó a eso. Él estaba peleado con Medina Mora, pero las instrucciones eran presidenciales”, explicó.
Ahí empezó otro infierno. Y es que los Ceferesos también estaban controlados por la Secretaría de Seguridad y García Luna.
Fue un acoso terrible, dice, pues vivió en una celda donde había luz las 24 horas del día, una tortura, porque no le permitían dormir. Había siete pases de lista con la finalidad de estar todo el tiempo atento.
Vivió durante cuatro años provocaciones al interior del penal, los custodios lo acosaban con la intención de que respondiera a las agresiones.
En febrero de 2012 hubo un cambio de directora del Cefereso donde se llevaron a cabo cateos, aquí aprovecharon para volver a golpearlo y seguir con las torturas que lo dejarían muy lastimado.
Finalmente, su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en 2021, después de 12 años, fue aceptada. Esta es otra de las demandas que tiene el Estado mexicano por torturas.
“En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes, la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos, podrían caracterizar violaciones a los derechos”, dice el organismo internacional en un informe.
Finalmente, Herrera Valles fue liberado en 2012 y, al igual que a su hermano Arturo, jamás le comprobaron ningún delito. Desde entonces, el comandante presentó denuncias ante distintas instancias, donde hasta la fecha ninguna ha prosperado.
Cree que los tentáculos del ex policía siguen presentes: “Aún hay mucha gente en la cárcel, a mucha gente le quitaron la vida, hay gente que aún está de manera injusta por las arbitrariedades en colusión con Medina Mora”.
Aunque en México aún no logra justicia por su caso, en Estados Unidos, al menos, está llegando un poco de justicia.
Actualmente, el comandante es secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Campeche, donde trabaja con la gobernadora Layda Sansores. El piloto volvió a volar.
(milenio.com)
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