La diputada local panista Priscila Vera Hernández resaltó que la falta de regulación de los food trucks provocará que continúen sus operaciones al margen de la ley, y como víctimas de extorsión por parte de autoridades delegacionales.
Por ello, la legisladora lamentó que la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) haya decidido no aprobar el dictamen de la iniciativa que presentó para regular los food trucks en la Ciudad de México.
Tras recordar que el 9 de abril pasado dicha comisión dictaminó que la iniciativa no era de aprobarse, advirtió un precedente: si una regulación “necesariamente las autoridades delegacionales tendrían ya que entrarle a retirarlos”.
Sin embargo, insistió que al rechazar esta iniciativa, por parte de la mayoría perredista, los food trucks quedan al margen de la ley.
En conferencia, consideró que el incremento en el número de esos puestos móviles sin un reglamento que vigile su funcionamiento representa un riesgo para los consumidores en cuento higiene y protección civil por el uso de gas e instalaciones eléctricas.
“Es decir, no hay una normativa, ninguna autoridad que pueda supervisar como deben estar estas instalaciones para garantizar las condiciones mínimas de protección civil”, advirtió.
Vera Hernández señaló además que los mismos operadores de las unidades móviles son quienes han manifestado que están en un limbo jurídico, lo cual ha generado que sean víctimas de extorsiones.
Consideró que las autoridades delegacionales deberían cumplir con su cometido, pero si en los próximos días estos camiones de comida siguen funcionando es porque existe una colusión entre las autoridades delegacionales y los operadores de los camiones.
La comisión dictaminadora señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) tendría que determinar las zonas donde se permite el comercio, y que las delegaciones no tienen personal suficiente para verificar la calidad que ofrecen los food trucks.
La iniciativa pedía que la supervisión del cumplimiento la realizara el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea), “porque no confiamos en las autoridades delegacionales, porque es ahí donde hay más corrupción”.
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