La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a un juez del Tribunal Superior de Justicia capitalino girar nuevos citatorios a diversas personas, para que comparezcan ante la autoridad jurisdiccional por irregularidades y actos de corrupción en el sector de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.
Ulises Lara, vocero de la institución capitalina, explicó que, tras las últimas entrevistas realizadas por el Ministerio Público a personas con distintos grados de responsabilidad en irregularidades en la construcción de inmuebles, se pidió la comparecencia de los involucrados.
“La Fiscalía General de Justicia cuenta con sólidos datos de prueba sobre el caso y, por tanto, ha solicitado ya ante un juez que gire citatorios para que algunas de esas personas comparezcan ante la autoridad jurisdiccional y se determine su situación jurídica.
“Las indagatorias siguen en progreso, por lo que continuamos recabando datos de prueba para determinar fehacientemente el grado de intervención y probable responsabilidad de diferentes personas, a través del análisis de contratos, actas constitutivas, cédulas de Registro Público de la Propiedad, informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y análisis periciales de contabilidad, entre otros indicios”, apuntó.
En un mensaje a medios, Lara López resaltó que la Fiscalía capitalina ha recabado cientos de denuncias penales que dan cuenta de posibles irregularidades e incumplimientos por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y notarios.
Agregó que las denuncias son muestra clara de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y la responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo.
“También les comenté que se había llamado a comparecer a las personas que actualmente ocupan, bajo el carácter de comodato o arrendamiento, algunas propiedades construidas de manera posiblemente irregular.
“De esta manera, estamos en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses y/o criminales de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios, y que reciben por concepto de rentas altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas”, destacó.
Sostuvo que una de las líneas de investigación apunta a que dichas acciones de ex servidores públicos locales no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos para obtener beneficios ilícitos, situación que, dijo, está por comprobarse.
(milenio.com)
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