La Fiscalía General de la República (FGR) determinó ejercer acción penal contra el presidente del club de fútbol Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 17 millones 69 mil 865 pesos.
La dependencia federal presume que el presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, y propietario también del club Atlas, omitió pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios a jugadores e integrantes del cuerpo técnico del equipo Santos Laguna de enero a julio de 2017.
La FGR inició la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023, a partir de una querella del director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien detectó un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos que el equipo Santos Laguna efectuó a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, entre ellos, de los ex jugadores José Manuel El Chepo de la Torre y Benjamín Galindo, El Maestro.
La indagatoria menciona que presuntamente los directivos orquestaron una estrategia para no pagar el ISR de esos depósitos y los registraron como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, que acuerdo con la ley están exentas del mencionado impuesto.
Funcionarios judiciales informaron que Nallely Ramírez Sepúlveda, agente del Ministerio Público Federal, titular de la Unidad de Investigación Número Diez, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, solicitó en el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, que se fije fecha para realizar la audiencia inicial para imputar a Alejandro Irarragorri por el citado delito.
En febrero pasado, una jueza federal otorgó un amparo al Club Santos, sentencia que ordenó a la FGR permitir el acceso a la carpeta de investigación que se inició contra Alejandro Irarragorri.
En aquella ocasión, Ruby Celia Castellanos Barradas, jueza Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, señaló que al haberse presentado una querella por parte del director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación contra el Club y algunos directivos, por la probable participación en el delito de defraudación fiscal, y, posteriormente, al haberse realizado una técnica de investigación, para obtener información financiera, “se detonó su derecho a ser reconocida como persona imputada y de acceder a los registros de la carpeta de investigación”.
“Lo anterior, ya que tal técnica de investigación se vinculó estrechamente con el derecho a la privacidad de la accionante de amparo; de modo que, es válido concluir que se actualizó el acto de molestia requerido para que se dé acceso a la carpeta de investigación”, menciona la sentencia.
Sin embargo, el amparo no quedó firme porque fue impugnado por la FGR y en estos momentos está en manos de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México.
(milenio.com)
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