Un juez federal abrió la posibilidad para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite una orden de aprehensión contra Ignacio Mendoza Gandaria, ex mando del Cisen y actual funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien no se conectó virtualmente a la audiencia donde iba a ser imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, dio un plazo de 48 horas a la FGR para que verifique la documentación que fue presentada por la defensa del mando, con la cual justificó su inasistencia.
Explicaron que, si se demuestra que la información proporcionada al juez es falsa, la FGR estará en posición de actuar como considere conveniente, es decir, podrá solicitar una orden de aprehensión si así lo desea.
“Pese a que estaba debidamente notificado, vía WhatsApp y se le hizo llegar el ID de la reunión para que compareciera, no se conectó, siendo que no era si él quisiera o no conectarse, era una obligación conectarse”, declaró el juzgador.
Javier Avendaño Sandoval, abogado del ex mando del Cisen, pidió diferir la audiencia, porque aseguró que su cliente no se encuentra física y mentalmente en condiciones de comparecer en estos momentos.
MILENIO publicó que, a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la FGR iba a imputar por primera vez a un alto funcionario del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien presuntamente aparece en los videos donde el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, aparece cuando es torturado Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalado como sicario del grupo Guerreros Unidos.
Según las indagatorias, las torturas se llevaron a cabo en la sede de la AIC y en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
En uno de los videos, supuestamente Mendoza Gandaria amenaza con otra golpiza al sicario.
Mendoza Gandaria también será acusado por coalición de servidores públicos, debido a que los traslados de El Cepillo y los interrogatorios fueron realizados de manera coordinada por varios funcionarios.
En el caso de intervención de comunicaciones, se presume que manipuló el celular de Rodríguez Salgado, revisó sus mensajes, obtuvo sus contactos y lo interrogó sobre ellos, sin contar con la orden de un juez.
Todo lo anterior sin capacidad legal para investigar delitos, que es facultad exclusiva del Ministerio Público.
También quedará expuesto que, a pesar de recibir varias solicitudes oficiales de la Fiscalía, el CNI se negó a brindar la información que se le requería sobre su director de Operaciones.
Actualmente, el indiciado se mantiene en el mismo cargo dentro del Centro Nacional de Investigación (CNI), por lo que de ser vinculado a proceso, sería la primera vez en la historia del país que un agente de Inteligencia es llevado a juicio.
El viernes 17 de junio, la defensa de Ignacio “N” solicitó diferir la audiencia por segunda ocasión ya que su representado estaba contagiado por covid-19; el 3 de junio solicitó la misma medida por no haber tenido tiempo para estudiar la carpeta de investigación que consta de 28 mil 400 hojas y 1 hora 40 minutos de video, además de que su cliente y su esposa padecían salmonelosis.
Entonces el juez difirió la audiencia por única ocasión para este 20 de junio y advirtió que en caso de incumplir se le asignaría al indiciado un defensor de oficio.
Ante la nueva solicitud de diferir la audiencia, ahora por contagio de covid, el juez de control ordenó su comparecencia vía remota por lo que le hicieron llegar la liga a la que debía conectarse este lunes, cosa que no ocurrió pese a estar obligado por ley.
En su oportunidad, la defensa particular de Ignacio “N” señaló que el día sábado la familia del indiciado refirió que su estado se agravó y su oxigenación era complicada al grado de no poder sostener un diálogo, además de que el médico recomendó absoluto reposo.
—¿Por qué no se conectó?— Le cuestionó el juez al defensor, quien reiteró que el médico recomendó absoluto reposo.
—No le estoy preguntando qué dijo el médico, sino porqué no se conectó—respondió el juez.
—Desconozco su señoría— dijo el defensor con voz baja.
Por su parte, el Ministerio Público Federal consideró que el indiciado “no se quiere presentar y cae en prácticas dilatorias”.
Daniela Aguirre, asesora jurídica de F.R.S., fue más tajante y expuso que no era motivo suficiente para no presentarse ya que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, no son sólo delitos de lo que se le acusa, sino de crímenes de lesa humanidad, por la tortura sistemática y generalizada en contra de una determinada población civil, y otros imputados como Efraín Ríos Mont, en Guatemala, quien fue llevado ante la justicia a los 90 años de edad y un estado de salud más comprometido.
“Me parece que es una estrategia dilatoria y el Estado Mexicano tiene el deber de esclarecer estos crímenes”, expuso.
Tras escuchar los alegatos, el juez de control Delgadillo Padierna dio a la defensa 48 horas para que presente la prueba covid positiva y el informe médico que envió de manera electrónica el sábado 18 de junio a las 21:09 horas en el que indicó que el estado de su representado era muy grave, pero reconocía que éste se automedicó.
Además, inquirió el juez, el aislamiento por covid es de siete días y el reporte sostiene que se tenían síntomas desde hacía ocho días.
Al Ministerio Público le ordenó revisar la veracidad del informe médico y a la Fiscalía le dio la facultad de iniciar cualquier otra forma de conducción al proceso, toda vez que “el indiciado no tuvo la delicadeza de conectarse”, pese a ser una obligación de carácter legal.
A la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Sur estuvieron presentes el abogado defensor Javier Avendaño Sandoval, el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y Francisco Cox, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El Ministerio Público Federal señaló que procederán a verificar los dichos de la defensa respecto al estado de salud de su representado, para posteriormente tomar una decisión sobre su siguiente paso a seguir.
(milenio.com)
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