La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade) ha recibido cuatro mil 497 averiguaciones previas en trámite y mil 197 actas circunstanciadas, por cambio irregular de domicilio de ciudadanos de un estado a otro, informó su titular Santiago Nieto.
Entrevistado en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, explicó que las entidades que registran el mayor número de casos son Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Estado de México y Tamaulipas, pero “vaya existen varios estados que tienen estas características”.
Éste no es un tema “no menor”, en virtud de que las actas circunstanciadas pueden elevarse a la categoría de averiguación previa y, por lo tanto, “tener un estatus jurídico superior para ser consignadas ante los juzgadores”, subrayó.
Precisó que una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) detecta la irregularidad, presenta la denuncia correspondiente ante la Fepade y, en el caso de las quejas sobre los domicilios irregulares, éstas pueden ser de muchos tipos y deberse a varias variables.
“El tema es que se acredita que una persona cambia su domicilio sin que haya cambiado su forma de vida, es decir que se traslada de un espacio a otro no con intención de vivir en ese lugar sino de participar en los procesos electorales”, acotó el funcionario en relación a lo que se ha denominado como turismo electoral.
Indicó que en este caso, “lo que se está buscando y lo que se penaliza es la alteración de datos ante el Registro Federal de Electores (RFE), ese es uno de los puntos más importantes que tenemos”, enfatizó.
En opinión del funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), en 2014, los procesos de consignación fueron excesivamente bajos, dado que se consignaron únicamente 62 averiguaciones previas, de ahí que lo que se requiere es trabajar para abatir ese rezago.
Detalló que las averiguaciones previas no solo tienen como finalidad la consignación ante los jueces penales, “también tenemos otro tipo de salidas cuando encontramos que no se trata de hechos delictivos que podrían ser competencia de la Fiscalía”.
O bien, que podrían ser competencia de los jueces en materia penal, de ahí que “podemos tener salidas de otro tipo como el no ejercicio de la acción penal”, concluyó.
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