Expertos se manifestaron a favor y en contra de la cancelación de alrededor de 36 normas oficiales de salud, las cuales, para algunas personas resultan obsoletas y limitan la capacidad de prescripción, en tanto otros lo calificaron como un atentado al derecho a la protección de la salud, de acuerdo con el encuentro efectuado en la Academia Mexicana de Medicina.
La magistrada Mariana Mureddu Gilabert, aseguró que independientemente de que las normas deben ser analizadas y algunas replanteadas:
“No podemos de dejar de ver que el hecho de que se quiten muchas de estas normas oficiales mexicanas pueden generar una regresividad en el derecho a la protección de la salud, cosa que no podemos permitir un retroceso en cáncer de mama o de próstata.”
Para Carlos Fernando Matute González, consultor legal, la publicación del 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación donde se determina la cancelación de normas se está dando “en un ambiente de confrontación” y de “desprecio” por normas no necesariamente elaboradas por el gobierno.
“El subsecretario Hugo López-Gatell en vez de aclarar cuál es el proceso para la cancelación de una norma y que estaban, a penas, en el inicio de este mismo, sale a la defensiva y sale a acusar a las distintas organizaciones como defensoras de intereses comerciales, sin que se haya abierto el proceso normal de cancelación”, detalló.
Luego que el ex secretario de salud, José Ángel Córdova Villalobos también catalogara como “un despropósito querer desaparecer de un plumazo” el trabajo realizado para elevar la calidad en la atención, José Meljem Moctezuma, ex titular de Comisión de Arbitraje Médico (Conamed), putualizó que las normas canceladas resultan obsoletas y limitan la capacidad de prescripción.
Las normas sanitarias, aclaró, son de observancia obligatorias, además de establecer reglas, especificaciones, atributos y directrices o prescripciones aplicables a un producto.
“Las normas oficiales que se pretenden cancelar no cumplen con propósitos” básicos como ser “verificables, que tengan posibilidad de medirse”, limitan la posibilidad de prescripción y, en caso de un problema legal, deja en el desamparo al profesional de la salud.
Hay normas elementales, aclaró, relacionadas con el etiquetado de bebidas alcohólicas y los máximos de uso de alcohol parta no causar daños a la salud de las personas.
“Pero las normas vinculadas con atención médica sujetan la actuación del médico al cumplimiento de una serie de criterios y procedimientos establecidos; restringe la libertad prescriptiva del médico; no son vigilantes; en ocasiones no son cumplibles; por su dificultad en la actualización provocan rezago en la atención. En caso de una demanda, los jueces aplican estrictamente que se haya cumplido la NOM y en ese caso los médicos son perjudicados”, detalló.
También aclaró que las normas que se pretenden cancelar carecen de mecanismos de evaluación y tampoco susceptibles de cumplimiento. Ninguna cumple con su propósito.
Carlos Aguilar Salinas, médico cirujano por la UNAM, internista, endocrinólogo del Instituto Nacional de Nutrición, aseveró que las 36 normas canceladas son muy heterogéneas, desde enfermedades metabólicas, cáncer y hasta el piquete de alacrán.
“Todas las normas tienen al menos 10 años de haber sido publicadas, lo cual las hace imposibles de cumplir conforme a los objetivos, por ejemplo, en el caso de diabetes, en el 2010, todos los pacientes eran tratados siguiendo un algoritmo, iniciaban con metformina el tratamiento y luego se analizaba el uso de la insulina.”
Pero si se compara con las guías clínicas internacionales, la denominada NICE 2022, dijo que el paciente debe ser tratado conforme a sus comorbilidades, riesgos de complicaciones y se abre un amplio espectro de fármacos. “En caso de litigio, se fallaría” por lo que la normativa de hace 10 años debió de dejarse de usar.
(milenio.com)
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