La diputada federal de Nueva Alianza, Lucila Garfias, presentó un exhorto para que el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) instruya y coordine un estudio para determinar el índice del ejercicio efectivo de derechos de la infancia y la adolescencia.
En un comunicado, la integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, señaló que dichas garantías están contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional.
Afirmó que en la medida en que se cuente con datos específicos sobre la infancia y la adolescencia se podrán tomar mejores decisiones de política pública para que, a partir de la evidencia sobre lo que funciona y lo que no, se mejoren los programas de gobierno que garanticen sus derechos a plenitud.
Garfias Gutiérrez señaló que este diagnóstico serviría de base para elaborar políticas públicas que aseguren mejores condiciones de bienestar al sector que protege esta Ley.
En su punto de acuerdo, insistió en que el objetivo del estudio es contar con un diagnóstico integral de las condiciones e indicadores de ejercicio efectivo de los derechos de los niños, que pretende retratar el panorama general de ese sector de la población.
Recordó que en diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el instrumento jurídico vigente más importante en ese tema.
Contar con un estudio estadístico que determine el índice de ejercicio efectivo de los 20 derechos de la infancia y la adolescencia, establecidos en el Artículo 13 de dicha Ley, servirá para que las instituciones tengan información y elementos para adoptar medidas que permitan cumplir con la legislación.
Consideró que el estudio propuesto deberá generarse a partir de registros administrativos de la información de interés nacional sobre la infancia y la adolescencia, generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Deberá incluir las áreas administrativas de la Presidencia de la República y de la PGR, los Poderes Legislativo y Judicial, las entidades federativas y los municipios, los organismos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos federales.
Refirió la importancia de esos instrumentos, pues actualmente existen 43.4 millones de menores de edad, y es necesario un análisis para instrumentar mejores políticas sociales.
El estudio sobre pobreza y derechos sociales de los niños desarrollado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en 2012 reveló que 21.2 millones de menores mexicanos viven en condiciones de pobreza.
De ese total, 4.7 millones se encontraban en pobreza extrema, es decir, que en ese año, de los 40 millones de habitantes menores de 18 años en México, 53.8 por ciento estaba en condición de vulnerabilidad crítica, agregó.
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