A pesar de la situación de excepcionalidad que vive Guerrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha solicitado la intervención de la fuerza pública en el estado, informó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Reiteró que el instituto no es responsable de la seguridad pública local sino que ésta compete a los respectivos órganos del Estado, que son los encargados de que existan las condiciones y un orden democrático para que puedan llevarse “a buen puerto” las elecciones.
“El día de hoy no hemos requerido la intervención de la autoridad, de la fuerza pública, porque no lo hemos considerado pertinente al día de hoy ¿Qué vaya a pasar el día de mañana? No tengo ni la más remota idea”, dijo en entrevista.
La autoridad electoral hará “lo que nos toca a nosotros”, como lo están haciendo los distintos órganos del Estado, tanto federales como locales, agregó al término de la tercera sesión extraordinaria celebrada éste miércoles.
Expuso que el INE ha realizado algunos ajustes para que la jornada electoral local se realice sin mayores contratiempos, como es el hecho de que los consejos distritales y locales puedan sesionar en sedes alternas dadas las circunstancias excepcionales que se viven en el estado.
Explicó que el instituto se encuentra en la ruta de construir las condiciones para que haya elecciones el 7 de junio próximo, como es el mandato constitucional.
Sin embargo, “lo dijimos ayer en el comunicado: nuestro único límite en términos de los esfuerzos para crear esas condiciones es la seguridad, es decir la integridad física de nuestro personal y de los ciudadanos que están involucrados en el propio proceso electoral”.
Por otra parte, apuntó que será la Unidad de Informática del INE la responsable de operar el nuevo sistema de fiscalización en línea, por lo que “no hay una delegación de responsabilidades a la propia UNAM, sino un acompañamiento”.
Lorenzo Córdova rechazó que esté en riesgo el sistema que operará durante el proceso electoral en marcha, por lo que insistió en que el instituto cumplirá puntualmente con el mandato de la reforma política-electoral.
Luego de que el INE anunció el inicio de acciones para rescindir el contrato que firmó el 30 de septiembre de 2014 con el consorcio encabezado por la empresa Scytl México, por incumplimiento en la entrega del primer módulo de contabilidad, anunció que la próxima semana se aprobará un proyecto para blindar todo este proceso.
“Tenemos pensado que la próxima sesión del Consejo General, la próxima semana, se apruebe este proyecto que nos blindaría”, en la fiscalización durante las campañas electorales, anotó Córdova Vianello.
Destacó que el hecho de que el sistema sea menos robusto “no quiere decir que va a ser menos eficaz”.
Eventualmente, admitió, “nos va a obligar a recurrir a contratar más auditores de los que se tenían originalmente previstos, pero esto no significa que la fiscalización es menos robusta, la tarea de los auditores no la suple el sistema”.
El consejero presidente agregó que actualmente se cuenta con un reglamento de fiscalización “que, afortunadamente, subsana al que fue la principal de las objeciones en el ejercicio de fiscalización en 2012”.
Lo anterior, indicó, dado que el anterior permitía “la posibilidad de que los partidos políticos, lo voy a decir coloquialmente, acomodarán en el ejercicio del prorrateo los gastos entre las distintas campañas beneficiadas. Hoy eso ya no se puede, gracias al nuevo marco normativo”.
Sobre el caso de Scytl, indicó que la empresa cuenta con cinco días para presentar las pruebas y alegatos que a su derecho convenga; “vamos a ver qué tiene la empresa qué decir, no quiero adelantar ninguna decisión institucional”.
Entonces se ha iniciado un procedimiento que pueda terminar con la rescisión del contrato y “si la empresa no presenta elementos en este periodo de prueba, de alegatos, para decirlo de alguna manera, la normatividad del INE dispone para tomar la decisión al final del día correspondiente”, puntualizó.
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