El proyecto Dragon Mart Cancún incidía de forma negativa en un área importante para la conservación de aves en la región sureste del corredor Cancún-Tulum y afectaba la región marina denominada Punta Maroma–Nizuk, resaltó el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez.
En entrevista, resaltó que por lo anterior, aunado al incumplimiento de las medidas correctivas que le había ordenado, y encontrar diversas irregularidades, se determinó clausurar las obras de dicho proyecto en Quintana Roo.
El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló que tras una acción realizada este lunes, se decretó aplicar dicha medida de seguridad al establecer que el denominado predio “el Tucán”, en Benito Juárez, sí se encuentra en terrenos forestales como lo precisan la carta del INEGI y el Inventario Nacional Forestal.
De acuerdo con los estudios y dictámenes realizados por esta dependencia federal, el predio en cuestión sí está ubicado en un ecosistema costero donde se registra la presencia de vegetación de manglar conforme a los registros de la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), señaló.
A criterio de la Semarnat, el proyecto que ocupa una superficie de 203.83 hectáreas en un terreno total de 561.37 hectáreas, donde se construirían 722 viviendas y 22 naves comerciales, con un total de tres mil locales, requiere de ambas autorizaciones: Cambio de uso de Suelo Forestal e Impacto Ambiental.
Haro Bélchez recordó que el 12 de agosto pasado, la Profepa impuso al proyecto Dragon Mart una multa en materia de Impacto Ambiental, por más de siete millones de pesos y ordenó someter a procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto y la restauración del sitio.
El 8 de septiembre del año pasado, aplicó una multa adicional en materia forestal por más de dos millones de pesos, así como una compensación ambiental por un monto de inversión de nueve millones y una restauración por un monto de inversión de más de dos millones de pesos.
Cabe precisar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso dicha medida de seguridad tras el sobreseimiento resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el pasado 8 de enero, frente al recurso promovido por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún.
El 21 de enero pasado, un Juzgado de Distrito emitió un acuerdo por medio del cual se ordenó archivar el juicio de amparo como concluido.
Así, con el objeto de garantizar que el proyecto desarrollado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, cumpliera con sus obligaciones en materia ambiental federal, la Procuraduría realizó diversas acciones que permitieron en tiempo y forma el derecho de audiencia del responsable de la construcción, enfatizó el funcionario.
Subrayó que la dependencia a su cargo continuará coadyuvando con la PGR con la aportación de elementos de convicción para la integración de la averiguación previa y eventual consignación de los presuntos responsables.
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