Las bancadas del PRI, PAN y del PRD en la Cámara de Diputados hicieron un llamado al gobierno federal para que intervenga y revise “hasta dónde es posible un acuerdo” que impida la ejecución de los tres mexicanos acusados de narcotráfico en Malasia.
También solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizar todas las gestiones a su alcance para evitar tal acción.
En entrevista, el priista Héctor Gutiérrez de la Garza comentó que ese caso es uno de los puntos a tratar en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para fijar una postura, aunque adelantó que “de ninguna manera se puede tolerar ese tipo de situaciones”.
Reconoció, no obstante, que “la diplomacia y la cancillería mexicana están haciendo lo conducente”.
En tanto el panista Ricardo Anaya Cortés solicitó a la SRE realizar todas las gestiones a su alcance para evitar que se aplique dicha medida a los connacionales en el país del sureste asiático.
“Nuestro llamado firme es para que la cancillería haga todas las gestiones a su alcance para evitar que se aplique”, indicó en declaraciones a la prensa.
Anaya Cortés aseveró que si los connacionales cometieron algún delito “es razonable que purguen una pena, pero por supuesto que nos oponemos a la pena de muerte, que no existe en nuestro país, y que nos parece no es el camino correcto, entre muchas otras razones, por lo irreparable de su aplicación”.
Señaló que el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) se manifiesta contra esa medida, que no comparte por muchas razones.
Por separado el perredista Miguel Alonso Raya expuso que siempre habrá la posibilidad de intervenir, como se ha hecho en algunos casos con estados de la Unión Americana.
“Hay que buscar la manera de impedir que les apliquen el instrumento para la muerte letal o la prisión perpetua, pues en algunos casos se han logrado acuerdos”, dijo.
Desde su punto de vista, lo único que se puede hacer en el caso de los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal, quienes fueron detenidos el 4 de marzo de 2008 acusados de tráfico, producción y distribución de narcóticos, “es intervenir para que no proceda o no se aplique la pena de muerte.
De igual forma, se debe revisar si el juicio que se lleva es el adecuado, “si se está aplicando como debe ser a cada uno de ellos y si además está fundamentado el delito”.
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