El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones, además de prever la desaparición de los hospitales psiquiátricos de internamiento para convertirse progresivamente en centros ambulatorios u hospitales generales.
Avalado con 471 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, el proyecto turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor establece que la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el dictamen aprobado por mayoría, toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas.
Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones se deberá de disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios psiquiátricos en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud.
“Se elimina el modelo psiquiátrico similar aislar, no se deberán de construir más hospitales monoespecializados y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud”, señala.
Las reformas buscan transformar el modelo de atención a los pacientes con padecimientos mentales, a fin de asegurar tratamiento en el sistema de salud pública sin ser retenidos ni sometidos a prácticas que violenten su dignidad.
Establece igualmente el derecho de los pacientes a no ser sometidos a medidas de aislamiento, contención coercitiva, o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en su caso, ser sujetos a medios para atenuar el escalamiento de crisis.
“El Estado mexicano está obligado a garantizar el acceso universal a la atención de salud mental y adicciones de las personas y cambiar el modelo de atención e internamiento a los pacientes con padecimientos mentales.
Plantea así dar prioridad en el sector salud a la atención de las adicciones y la salud mental.
(milenio.com)
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