La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presidida por la morenista Minerva Carrasco Godínez analizó el marco jurídico de la subrogación de vientres donde se pidió privilegiar los derechos de las mujeres gestantes.
Durante el foro “Vientres de Alquiler en la Ley”, la legisladora dijo que es innegable que la subrogación de los vientres es una práctica que se ha potencializado en los últimos años, poniendo en manifiesto las dos posturas predominantes; la primera, aquélla en donde la maternidad subrogada debería estar prohibida, porque es vista con un sentido de explotación y en caso extremo, un espacio que generaría un mercado negro.
La segunda postura, comentó, se decanta por una regulación adecuada y el establecimiento de las condiciones necesarias para su práctica.
Ante este panorama, la legisladora indicó que “pese a las diversas posturas, es importante que ante todo prevalezca la protección de los derechos humanos hacia las mujeres gestantes, así como de las niñas y niños que nacen”.
Por ello, explicó que en México solo cuatro estados cuentan con algún tipo de marco legislativo respecto de este tema, por un lado, en Tabasco y Sinaloa se permite el alquiler de madres gestantes, bajo ciertas una serie de condicionantes. Mientras que en Coahuila y Querétaro no se conceden estás prácticas. Un caso especial refirió es el de la Ciudad de México, donde se aprobó la Ley de Gestación Subrogada, sin embargo, nunca ha sido publicada.
Por otra parte, la diputada Beatriz Rojas Martínez informó que se ha presentado una iniciativa que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y a la Ley General de Salud, “con el propósito de aclarar el tráfico de órganos y sancionar el alquiler de vientres y la donación comercial de óvulos”.
Señaló que la celebración del foro es para contar con la nueva información sobre el tema, dado que en México la gestación subrogada se encuentra legislada desde la perspectiva de derecho familiar y el derecho civil, en donde se promueve su reglamentación oficial, pero no se considera la transgresión de los derechos de las y los niños.
Rojas Martínez agregó que no han sido pocas las organizaciones civiles, especialistas y activistas quienes han vertido argumentos para promover la prohibición de la gestación subrogada, pues la consideran un espacio en el que se permite la vulnerabilidad, violencia, relaciones asimétricas entre las mujeres gestantes y los contratantes.
En este contexto, advirtió que es “necesario invitar a la reflexión sobre el tema, ya que es una práctica considerada como una forma de explotación humana con fines de lucro cada vez más recurrente”.
Este espacio de reflexión realizado vía remota convocó a activistas, expertos e investigadores, quienes expusieron las situaciones precarias y desiguales que orillan a las mujeres a alquilar sus vientres y la situación de indefensión legal a la que están expuestas, así como a los niños y niñas producto de esta relación. Además, de coincidir en que “los deseos no son derechos”.
(milenio.com)