La diputada local del PRD, Esthela Damián, pidió a la Secretaría de Gobernación atender las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo en la Cuenta Pública 2013, sobre tener más control en la portación de armas en empresas de seguridad privada.
En un comunicado, destacó que el órgano fiscalizador detectó que no existe una estadística confiable que permita saber cuántos elementos de seguridad privada laboran en el país, por lo que exhortó a la Secretaría de Gobernación a mejorar y verificar la confiabilidad de las cifras.
Refirió que en un análisis sobre la Regulación de los Servicios de Seguridad, la ASF reveló que las 64 mil 235 personas que integran el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, contaron con mil 492 vehículos, así como mil 858 armas cortas y dos mil 93 armas largas.
Damián Peralta señaló que, pese a lo anterior, el máximo órgano de fiscalización del país advirtió la falta de estadísticas confiables sobre ese tema, y el riesgo que implicaría en el control de personas que portan armas de manera regulada en el ámbito estatal y nacional.
Comentó que de acuerdo con el resultado de la revisión al programa “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública” de la Secretaría de Gobernación, la ASF observó que derivado del aumento en la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó en siete por ciento.
La también presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dijo que el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que la cifra pasó de 79 mil 826 elementos en 2010, a 85 mil 439 en 2013.
Sin embargo, la misma Auditoría encontró que en el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se registraron 128 mil 881 elementos de empresas de seguridad privada; en tanto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó para 2013 64 mil 235 personas operativas con autorización federal.
En ese sentido, hizo hincapié en que la diferencia de cifras del personal de seguridad privada, si bien asociada a la naturaleza distinta de las metodologías y fuentes empleadas en cada caso, advierte la necesidad de mejorar y verificar la confiabilidad de las estadísticas.
Agregó que los resultados obtenidos en la auditoría establecen que el aumento en el número de elementos de seguridad se debe a la poca prevención de los delitos, así como a la ineficiencia en su investigación y persecución.
La misma evaluación aseguró que la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación autorizó que 914 empresas de seguridad privada apoyaran los servicios de Seguridad Pública, sin embargo, no dispuso de indicadores que permitan evaluar el impacto de dichos servicios en la prevención de delitos.
Explicó que fue hasta 2013, que la dirección dispuso de los convenios de coordinación con gobiernos estatales y del Distrito Federal para que le remitan la información de cada uno de los prestadores de servicio autorizados para integrar el Registro Nacional.