La información gubernamental es pública, los particulares deben tener acceso total a ella y la nueva ley provee lo necesario para que toda persona pueda obtenerla mediante procedimientos sencillos y expeditos, destacó la doctora Cecilia Licona Vite.
Apuntó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información “deja libres de obligaciones específicas de transparencia” a órganos constitucionales autónomos como el Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La titular de la Dirección de Estudios de Constitucionalidad del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados resaltó que tampoco se encuentra en la lista de obligaciones el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Tampoco el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y la Fiscalía General de la República, una vez que sustituya a la Procuraduría General de la República (PGR).
Por el contrario, expuso que sí tienen obligaciones partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos.
Durante la conferencia Análisis de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se refirió a los sujetos obligados del sector energético, quienes deberán garantizar la máxima publicidad en cuanto a contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos del Estado.
No obstante, consideró que la recién expedida ley es un instrumento que favorece la rendición de cuentas y permitirá a los mexicanos valorar el desempeño de servidores e instituciones públicas.
La investigadora subrayó que “transparentar la información es el componente en el cual se fundamenta un gobierno democrático”.
El nuevo ordenamiento jurídico, apuntó, contiene rubros importantes como la verificación eficaz de recursos públicos y la plena participación de la ciudadanía, además de que permite un amplio flujo de datos.
Tiene por objeto, reconoció, establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
La Ley General de Transparencia se basa en los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y amplía la competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), antes IFAI, subrayó.
Durante su participación, enfatizó que la información gubernamental es pública y los particulares deben tener acceso total a ella y celebró que la nueva ley provee lo necesario para que toda persona pueda obtenerla mediante procedimientos sencillos y expeditos.
“Es necesario favorecer la rendición cuentas por medio de difusión de documentos; para ello es necesario mejorar la organización, clasificación y manejo de datos. Así se contribuye a la democratización de la sociedad mexicana y la vigencia plena de un Estado de derecho”, añadió.
Detalló que la ley se gestó a través de diferentes reformas constitucionales y aseguró que hoy el país forma parte de las 101 naciones que cuentan con legislación en la materia; además se cumple con distintos tratados internacionales que México ha suscrito.
“Pasaron 25 años de la última reforma para poder, finalmente, emitir la ley encargada de dotar de lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, órganos constitucionalmente autónomos y cualquier otra entidad del Estado”.
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