La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado, Cristina Díaz Salazar, anunció que hay grandes avances en el proyecto de Dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Precisó que a través del proyecto se podrá concretar la urgente modernización del Sistema Nacional Penitenciario, “que atraviesa por una crisis” que quedó en evidencia por la huida del delincuente Joaquín Guzmán Loera.
México requiere una ley que establezca los procesos y las obligaciones del Sistema Nacional Penitenciario para coordinar y establecer protocolos en materia de seguridad y funcionamiento del sistema carcelario.
Se tiene un proyecto de dictamen con más de 80 por ciento de avance, y se sigue trabajando en temas como industria penitenciaria; régimen de derechos y procedimiento jurisdiccional.
Luego de indicar que el proyecto es abordado en las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos, la legisladora señaló que desde marzo de 2013 se instaló una mesa de trabajo en la que participaron los tres los secretarios Técnicos de las Comisiones Unidas.
También académicos, representantes de la sociedad civil, magistrados del Poder Judicial federal, de la Procuraduría General de la República, la Secretaría Técnica (SETEC), el órgano desconcentrado para la readaptación social de la Secretaría de Gobernación.
La Comisión de Justicia encabeza la dictaminación y desde 2013 en el Congreso se trabaja en el proyecto, porque dada su complejidad se buscan los puntos de equilibrio para garantizar el pleno funcionamiento del sistema penitenciario y las implicaciones en materia de seguridad versus protección de derechos humanos de las personas internas.
Díaz Salazar subrayó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tendrá como objetivo primero instaurar un sistema homologado de mecanismos de ejecución de las sanciones penales que permitan la gobernabilidad en los centros penitenciarios, siempre buscando garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas internas.
Entre otros puntos, también se definen las reglas que habrán de seguir las autoridades penitenciarias para llevar a cabo el régimen de internamiento, ingresos, visitas a estos centros, revisiones personales, traslados y régimen disciplinario.
“En la LXIII Legislatura los senadores tendremos que ir de la mano con la colegisladora, pues no tendría caso si no buscamos las condiciones de un presupuesto que haga viable este nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que formará parte de un andamiaje jurídico necesario para el nuevo sistema penal”.
Por lo tanto, agregó, continuamos trabajando en este grupo de las Comisiones Unidas, a fin de que iniciando el siguiente periodo ordinario de sesiones estaremos en condiciones de presentar un dictamen ante el pleno de las Comisiones e inmediatamente su discusión ante el Pleno del Senado.
Sin embargo, derivado de la complejidad en los asuntos que regula la ley nos obliga a no incurrir en premuras para evitar omisiones que dieran por resultado una normatividad incompleta o ambigua, lo que derivaría en la vulnerabilidad del sistema de seguridad penitenciario como es ahora.
Consideró apremiante enfocarse en esta iniciativa compuesta por 197 artículos, ya que el establecimiento de protocolos, procesos y obligaciones en materia de seguridad y funcionamiento del sistema carcelario ayudarán a tener un mejor manejo de las condiciones de internamiento y de aseguramiento de las personas privadas de su libertad.
Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de justicia.
Se deben establecer las bases de coordinación entre la Federación y las entidades, a fin de organizar el sistema de ejecución penal con pleno respeto a los derechos humanos, garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión y contribuir a la seguridad pública y social del país, puntualizó.
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