El nuevo sistema penal acusatorio, en vigor desde este viernes en el Distrito Federal, incluye cambios que constituyen un avance en favor del respeto y la protección de los derechos humanos de los involucrados en ese sistema, afirmó la CDHDF.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) subrayó que con ese mecanismo se busca un cambio radical en la impartición de la justicia en México que garantice los derechos al debido proceso de las víctimas, ofendidos e imputados con base en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Se establece, añadió el organismo público en un comunicado, la transición de un sistema mixto o “inquisitivo”, a uno de carácter acusatorio basado en juicios orales, en los que se garanticen los derechos de las partes, como la igualdad procesal.
De esa manera se pretende que las partes se encuentren en igualdad de circunstancias para sostener la acusación o la defensa (igualdad de armas) “ponderando la presencia de los jueces en las audiencias”, así como la valoración y el desahogo de pruebas en su presencia”.
Ese proceso se logra “a través de una exposición de argumentos de las partes y de los elementos de prueba de manera pública, contradictoria y oral”, aseveró la CDHDF.
Planteó que los jueces deberán emitir condena sólo cuando el juicio y la valoración de las pruebas obtenidas bajo el estricto apego a los derechos humanos permitan tener plena convicción de la culpabilidad del procesado, bajo el principio de presunción de inocencia, que es la piedra angular del sistema.
A diferencia del anterior sistema, en el que las actuaciones del Ministerio Público tenían valor probatorio en el juicio, con el nuevo se tiene que presentar sus pruebas, desahogarlas y defender su acusación frente al juez, quien de manera imparcial escuchará a ambas partes.
Trae consigo un procedimiento abreviado que permite que se imparta justicia de manera pronta, considerando las circunstancias particulares de la víctima y del inculpado al momento de dictar sentencia, ya que los jueces tendrán contacto directo con las partes.
Asimismo, el abuso de la prisión preventiva quedará reducido, al ser la última medida a tomar para garantizar la presencia de la persona imputada en el proceso, según la gravedad del delito, pues existen alternativas de solución de conflictos, como la mediación o reparación en casos no graves, insistió la CDHDF.
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