La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.
Con ello, se faculta al Congreso para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas.
En la sesión de este miércoles, la Mesa Directiva dio a conocer que el proyecto de modificación al citado artículo de la Constitución política mexicana fue aprobado por 19 congresos estatales.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Arturo Zamora Jiménez destacó en tribuna que por acuerdo de todas las fuerzas políticas se aprobaron normas para asegurar la tutela efectiva de los derechos de los mexicanos.
Con la reforma, agregó, se podrán generar ordenamientos procesales que sean asequibles y que permitan investigar el paradero de personas que han sido sujetas a desaparición forzada, ya sea por una actividad del Estado, por la acción de un particular con la colaboración del Estado e incluso por actividades de particulares.
Destacó que se debe avanzar en las reformas a leyes secundarias que también tutelen los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, sean civiles o miembros de cuerpos de seguridad, para que esposas e hijos puedan acceder a pensiones, herencias, becas y seguridad social.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez acotó: “estamos ahora frente a la gran responsabilidad de trabajar en el diseño y elaboración de las leyes generales que garanticen una adecuada tipificación de estas violaciones graves a derechos humanos, acordes a los instrumentos internacionales”.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizó que la credibilidad internacional de México en esta materia debe construirse sobre la base de una política coherente que garantice el respeto a los derechos humanos dentro de su territorio.
El perredista Zoé Robledo Aburto dijo que la reforma constitucional “no es una victoria de los políticos y de quienes rechazaron durante muchos años” que la desaparición forzada se cometiera en México, sino que se trata de un triunfo de la sociedad civil, de las víctimas y de casos como el de Rosendo Radilla.
“Resulta de gran relevancia la inclusión en nuestro máximo ordenamiento legal de la facultad que nos permitirá una ley general que prevenga este tipo de delitos que no sólo vulnera a la persona sino a la sociedad misma”, agregó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
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