Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como una decisión adelantada lo que la mayoría del Consejo General determinó respecto a la suspensión temporal del proceso de revocación de mandato.
“Fue una decisión adelantada, no tuvimos que haber discutido ni siquiera (el viernes), es un mandato constitucional el que debe cumplir el INE, legal y constitucional, justamente para llevar a cabo la revocación de mandato”, expuso Humphrey.
“Yo, a título personal, creo que no tenemos ningún fundamento jurídico para haber suspendido, como se hizo ayer (viernes) por mayoría, con la cual no estuve de acuerdo, diversas actividades del proceso de revocación de mandato”, añadió.
En entrevista con Liliana Sosa y Rafael Gamboa para MILENIO Televisión, Humphrey indicó que existen muchas maneras de abatir costos y ello no significaría tener “elecciones patito” o reducir la seguridad del proceso.
“Creo que se está viendo a la revocación de mandato como si fuera un proceso electoral y reducir costos no quiere decir reducir estándares de calidad o seguridad, ni tampoco quiere decir que tengamos que tener, como se dice por ahí, elecciones patito”, expuso.
La consejera electoral indicó que en el INE deben ser más creativos y modernizar los procesos electorales, pues al día de hoy se sigue votando como hace más de 30 años: “es momento también, en estos casos, de procedimientos de participación ciudadana, de poder innovar, utilizar urna electrónica”.
Sobre los señalamientos de la dirigencia nacional de Morena de buscar un juicio político contra los seis consejeros que votaron a favor de suspender el proceso de revocación, Humphrey indicó que las amenazas sobran, pues hay vías legales y constitucional para combatir cualquier decisión del INE y los consejeros no operan con base en amenazas.
El viernes 17 de diciembre, con una votación dividida, el Consejo General del INE aprobó “posponer temporalmente” las actividades de revocación de mandato a partir de enero, cumpliendo únicamente con la revisión y validación de firmas, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina qué deben hacer ante la insuficiencia presupuestal.
(milenio.com)
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