El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados considera desproporcionado la pretensión de autorizar la portación de armas de fuego en México a servidores públicos extranjeros, afirmó el perredista Miguel Alonso Raya.
El coordinador de la bancada perredista en San Lázaro indicó que el 14 de abril pasado, la Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se remitió a la Comisión de Defensa Nacional para su dictaminación.
Citó que la reforma propone que se puedan emitir permisos para funcionarios públicos extranjeros y residentes permanentes; estos últimos con los mismos requisitos que para los ciudadanos mexicanos, únicamente adicionando la acreditación de la residencia.
Se plantea además otorgar a los agentes de migración y aduanas un permiso temporal con una duración de seis meses con la posibilidad de renovarlo.
Para el PRD esto es grave, “particularmente en el caso de miembros de las agencias de Estados Unidos que se han caracterizado por su poco respeto a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, incluso letal”, subrayó.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó “cuáles serán los mecanismos de control de estos funcionarios y cuáles las restricciones que se les impondrán, dado que estas condiciones no se establecen en la minuta” enviada por el Senado.
Se dejan abiertas para ser estipuladas en los Acuerdos Interinstitucionales respectivos, “como en el caso del Operativo Rápido y Furioso, que fue concertado en un acuerdo de este tipo”, añadió.
“Debemos señalar que existen diversos acuerdos interinstitucionales” que han permitido la operación de agencias como la Oficina de Investigación Migratoria y Aduanera (ICE, por sus siglas en inglés); el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y la Central de Inteligencia (CIA), “no solamente en las fronteras”.
Adicionalmente, expuso, se propone autorizar permiso de portación de armas a los agentes de seguridad de jefes de Estado, ministros o equivalentes, mismos que tendrían una duración exclusiva durante el tiempo que dure la comisión.
Además, “es pertinente señalar que la Ley de Seguridad Nacional ya contempla la obligación del Estado de garantizar la seguridad de éstos y otros funcionarios extranjeros en suelo mexicano”, precisó Alonso Raya.
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