La Segunda Sala de la Corte resolvió que los artículos 17, fracción XV, 18, 21 y 32, fracción VII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no violan el derecho a la libertad de trabajo y de comercio,
Dicha instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que esos preceptos tampoco impiden el desarrollo económico y bienestar generales del Estado, pues si bien imponen restricciones a esos derechos, se justifican porque obedecen a finalidades constitucionalmente legítimas.
Esas restricciones son idóneas y no son desproporcionales teniendo presentes los beneficios que se obtienen al evitar que recursos de procedencia ilícita fortalezcan las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, aseveró.
La Segunda Sala precisó que dichos artículos tampoco transgreden lo dispuesto en el Artículo 5, párrafo tercero de la Constitución, pues las obligaciones que establece la legislación no se traducen en un trabajo personal prohibido.
Ello, debido a que el precepto no está dirigido a una persona determinada, sino que constituye una colaboración con el Estado para prevenir la comisión de los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.
De igual manera, los artículos 7 y 12, párrafos primero y tercero, y 20 del Reglamento de la legislación citada, no violan los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, porque reiteran, complementan o desarrollan las obligaciones establecidas en la legislación.
La Segunda Sala de la Corte concluyó que los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33 y 37 de las Reglas de Carácter General no violan el principio de primacía de ley.
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