El comisionado ciudadano del InfoDF Luis Fernando Sánchez Nava pidió a los legisladores revisar la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para buscar un equilibrio entre la autonomía de los órganos locales y la norma general.
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF) señaló que dentro de los diversos puntos de vista en torno a la aprobación de la esa ley, está el de las sanciones a los órganos garantes por apertura de información que, de aprobarse, consideró significaría un retroceso en la materia.
Refirió que el 7 de febrero venció legalmente el plazo concedido por la reforma al artículo 6 constitucional para publicar la ley en materia de transparencia, que servirá como fundamento jurídico del cual deberán partir el resto de los órganos garantes.
Dentro de diversos temas a considerar en la aprobación de la ley, está lo previsto en el artículo 208 de la iniciativa, que establecería sanciones a cargo de los servidores públicos de los organismos garantes en casos de “revelar indebidamente” información confidencial o aquella que pueda causar algún perjuicio a los sujetos obligados.
Aprobarse ese precepto jurídico en los términos mencionados, alertó, constituiría un retroceso en perjuicio del derecho al acceso a la información pública, al coartar el libre albedrío de los funcionarios para resolver en cada caso, sobre la publicidad de la información, cuando es actualmente una potestad otorgada constitucionalmente.
Sánchez Nava advirtió que se estarían duplicando supuestos jurídicos, debido a que el texto constitucional vigente prevé la responsabilidad de los servidores públicos en sus cargos, al considerar además que no se establece el tipo de sanciones administrativas que se aplicarían ni el órgano encargado de conocer estos casos.
El comisionado del InfoDF opinó que este hecho iría en detrimento de la labor de los institutos estatales y del Distrito Federal, además de perjudicar el trabajo que hacen como garantes de los derechos de transparencia y acceso a la información pública.