La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, presidida por la morenista Julieta Kristal Vences Valencia, aprobó establecer un registro público de violentadores y agresores de mujeres.
La presidenta de la Comisión dijo que este tipo de instrumentos son importantes para disuadir conductas violentas contra las mujeres.
“Estamos conscientes que se requieren medidas contundentes para erradicar de raíz la anulación o limitación de nuestros derechos”.
Consideró importante fortalecer la legislación e implementar nuevas medidas en materia de delitos y violencia, razón por la cual es fundamental que la iniciativa se apruebe con modificaciones para establecer que la Federación y el Sistema para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres deben coordinarse con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para solicitar información de los delitos de violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes, así como de feminicidio.
La diputada promovente, Juanita Guerra Mena, de Morena, estimó que la creación de mecanismos eficaces de control y sanción en la comisión del delito contra mujeres no debe ser vista de manera aislada, sino integral. En este sentido, el registro nacional de violentadores es una propuesta que implica dotar de seguridad y tranquilidad a la sociedad.
“Es importante homologarlo a nivel nacional porque es una propuesta que pretende eliminar la violencia contra las mujeres”.
La diputada del PRI, Melissa Estefanía Vargas Camacho, recordó que en la pasada Legislatura su grupo parlamentario presentó una iniciativa para crear el registro nacional de agresores. Agregó que hubiera sido interesante analizar las dos iniciativas a fin de tener un sistema más robusto y claro, no sólo en materia de agresores, sino también de deudores alimenticios y agresores para menores.
Olimpia Tamara Girón Hernández, diputada de Morena, expresó que falta mucho por hacer y llamó a sumar esfuerzos para sacar adelante todos los temas de la Comisión.
La diputada de Morena, Beatriz Rojas Martínez, consideró importante contar con el sistema público de información relativo a la identificación de los agresores y que se actualice permanentemente porque “seguramente esto sí ayudará mucho en materia de prevención”.
El segundo dictamen, que se avaló con 27 votos, reforma diversas disposiciones de la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de protocolo y señales de alerta homologados.
Al respecto, la diputada Julieta Kristal Vences indicó que tiene por objeto garantizar la implementación de protocolos y señales de alerta personal homologadas en todas las entidades federativas, que permitan identificar y brindar auxilio oportuno a víctimas de violencia o en riesgo de sufrirla, así como la operación de números de emergencia homologados.
“Es imprescindible la homologación, porque actualmente cada sector de la administración pública y de la impartición de justicia ofrece un enfoque distinto correspondiente a su área de especialización, la cual varía, lo que ocasiona que se desarrollen múltiples procedimientos de detención y atención a víctimas y no uno solo”, afirmó.
El tercer dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto reforma el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; propone homologar las definiciones del concepto de perspectiva de género que se encuentran consignadas en las leyes generales para Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se aprobó por 25 votos.
El último dictamen con modificaciones a la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, plantea impartir educación desde un enfoque de igualdad de género, a fin de permitir conocer la diversidad de identidades y el papel de las mujeres en las sociedades. Se aprobó por 26 votos.
La diputada Vences Valencia dijo que la propuesta fue presentada por la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, la Legislatura pasada. Indicó que si bien ya está regulada la perspectiva de género en la Constitución y en la Ley General de Educación, es importante reafirmar que los planes y programas deben ajustarse para prevenir la violencia hacia las mujeres y modificar los estereotipos de género.
De tal manera, deberán cambiarse los planes y programas para darles este enfoque de género. Por ello, la Comisión dictaminadora considera que la redacción de la reforma que contiene la minuta debe cambiar, a fin de que sea entendible la obligación que tiene la Secretaría de Educación Pública en la finalidad que se persigue.
“La Comisión considera prudente aprobar con modificaciones la presente minuta para regresarla nuevamente al Senado, ya que si bien, la Ley de Educación ya lo prevé teniendo perspectiva de género, pero no así para prevenir, erradicar y sancionar el tema de la violencia contra las mujeres, que desde nuestra visión son dos cosas distintas”, puntualizó.
(milenio.com)
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