La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) negó fabricar acusaciones en contra de las personas que en septiembre de 2021 tomaron las instalaciones ubicadas en Avenida Pichardo tras un supuesto ataque de la policía, por el que rompieron cámaras de seguridad, robaron objetos y destruyeron expedientes de víctimas pidiendo la reinstalación de una ex funcionaria que mantenía contacto con ellas.
Después de un diálogo que se prolongó hasta pasada la una de la madrugada, refirió el organismo, los ocupantes abandonaron el lugar; sin embargo, derivado de la gravedad de los daños, se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el sentido de la reparación de estos, que implicaban recursos públicos, pero sobre todo la destrucción de expedientes, en afectación de numerosas víctimas.
“Categóricamente señalamos que ni criminalizamos ni fabricamos acusaciones. Contamos con la plena identificación de quienes participaron en el asalto de nuestras oficinas, muy lejano de una protesta o manifestación pacífica. Y por lo mismo, la denuncia sigue su curso en la Fiscalía, y será ella quien determine las responsabilidades, y consecuentes sanciones, que el caso amerite”, expresó a través de un comunicado.
Luego de que en algunos medios se ha manejado que una persona que participó en dichos hechos, pero que cuenta además con varias quejas en esta Comisión de personas que se identifican como víctimas de ella, se instaló en plantón en la Secretaría de Gobernación por espacio de tres días, afirmando ser víctima de criminalización y persecuciones por parte de esta Comisión y que, acudió a esa instancia por ser “superior jerárquica” de la presidenta de la CNDH, llegando a negociar con autoridades de esa Secretaría diversas cosas, la Comisión se deslindó argumentando que tal decisión compete solo a este Organismo Autónomo.
Frente a estos señalamientos y versiones, la CNDH aclaró que no ha participado ni ha sido consultada respecto a esas supuestas negociaciones, que involucran el compromiso de una reunión de esa persona con la presidenta Rosario Piedra Ibarra quien, muy por el contrario de lo que se ha dicho, no tiene más superior jerárquico que el pueblo al que sirve, y menos recibe indicaciones de ningún funcionario, porque justamente en eso reside su autonomía, necesaria para garantizar el cumplimiento de su misión constitucional.
(milenio.com)
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