La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al ayuntamiento de Arriaga, por violaciones en agravio de dos activistas en la entidad.
El órgano autónomo expuso en un comunicado que presuntamente funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado habrían cometido violaciones a la libertad personal, la seguridad jurídica, la legalidad y el trato digno contra dos defensores de derechos humanos, cuyos nombres se reservan.
En su recomendación 18/2015 solicitó a las autoridades del estado y del municipio poner en práctica acciones para que sus trabajadores respeten la labor de los defensores de las personas y les brinden garantías tanto para el ejercicio de sus derechos, como de su trabajo.
También solicitó reparar el daño causado a las víctimas y capacitar a los funcionarios en la protección de derechos humanos, así como colaborar con la CNDH en la presentación y el seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes contra los servidores públicos involucrados.
En la narración de los hechos, la recomendación detalla que el 5 de agosto de 2013 los activistas presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por presuntas violaciones a sus garantías fundamentales.
Al considerar que ese organismo tardó demasiado en atender su caso, ambos recurrieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que atrajo el caso.
Según los agraviados, el 2 de agosto de 2013 se trasladaron a la presidencia municipal de Arriaga acompañados de algunos habitantes de la localidad para recibir respuesta a algunos problemas que afectaban a la comunidad.
Al lugar llegó un funcionario municipal que agredió verbalmente a los defensores de derechos humanos, quienes momentos después fueron detenidos sin que les mostraran orden de aprehensión alguna.
En la cárcel municipal los mantuvieron incomunicados e incluso los acusaron penalmente de ser ellos quienes habían agredido al servidor público y dañado las instalaciones del ayuntamiento.
El agente del Ministerio Público inició una averiguación previa, además de que se negó a fijarles fianza y pedir la ratificación de la denuncia al funcionario supuestamente agraviado.
Luego de que recuperaron la libertad, los activistas iniciaron el procedimiento ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero ante la “inexplicable dilación” del procedimiento, recurrieron a la CNDH, la cual investigó y emitió la recomendación presentada este lunes.
El documento ya fue debidamente notificado al gobierno de Chiapas y al ayuntamiento de Arriaga, precisó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su texto.
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