La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) demandó garantizar la integridad de la directora de la organización Sin Fronteras, Nancy Pérez García, así como de los integrantes de ese organismo civil.
El organismo autónomo indicó que Pérez García fue objeto de “un incidente de seguridad, como posible consecuencia de la importante labor de denuncia y defensa de derechos de las personas migrantes que se encuentran en tránsito en este país”.
Por ello emitió medidas precautorias ante las autoridades del Distrito Federal, para prevenir la consumación de actos graves e irreparables y garantizar la integridad de Pérez García y el personal de Sin Fronteras.
La CDHDF advirtió en un comunicado que se encuentra atenta para presentar los recursos que la defensora de derechos humanos requiera, “en pos de la debida investigación de los hechos y de un esquema integral de protección”.
Asimismo llamó a las autoridades competentes a hacer efectivo el deber del Estado mexicano para proteger la labor que el equipo de Sin Fronteras realiza e investigar de manera expedita, exhaustiva e imparcial el origen del incidente que sufrió.
También instó a determinar quiénes son los responsables de este incidente, así como poner en práctica las medidas de protección idóneas que garanticen las continuidad de su trabajo y emitir medidas de no repetición.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reprobó las acciones de intimidación contra personas defensoras, con la intención de inhibir y obstaculizar su labor en pos del respeto a la dignidad de las personas y el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Ello “resulta contrario a las recomendaciones que instancias internacionales de protección de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos emitieron al Estado mexicano desde 1996 y las reiteró en los informes subsiguientes”, enfatizó.
El organismo público autónomo anunció, finalmente, que coadyuvará en todo lo que sea necesario y dará seguimiento a los diversos procedimientos que se deriven de este caso.
La semana pasada Pérez García recibió una amenaza telefónica en su domicilio particular, presuntamente realizada por un policía ministerial que preguntó si había realizado una denuncia por un caso de personas migrantes.
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