La falta de asistencia de intérpretes-traductores en lenguas indígenas y de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües especializados, son factores que violan los derechos humanos de la población indígena encarcelada, consideró la directora general de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado.
En el marco de la inauguración del “Seminario de Capacitación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano”, que se realizará hasta el 26 de febrero, la funcionaria dijo que el objetivo es que “formará a la primera generación de abogados bilingües”.
Al respecto, la funcionaria federal subrayó que “esto nos permitirá contar con el primer Padrón de Abogados Indígenas Bilingües, capacitados en los más altos estándares internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios”.
Refirió que de acuerdo con datos del último Censo Penitenciario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el país hay más de ocho mil presos indígenas en las diversas cárceles, de los cuales, 96 por ciento son hombres cometieron delitos del fuero común.
También recordó que Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero son las entidades en las que se concentra el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario.
Señaló, además, que con el apoyo de 576 intérpretes-traductores, la CDI logró la excarcelación de más de dos mil 500 indígenas en 2013, y más de mil 250 en 2014.
A su vez, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón García, calificó de grave toda violación a los derechos humanos, pero que es aún más grave “cuando se trata de negar el acceso a la justicia o al debido proceso a quienes se encuentran ante una discriminación cultural y estructural”.
La funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que el gobierno federal ha emprendido políticas públicas con perspectiva de inclusión y de no discriminación, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 para combatir casos de injusticia y coadyuvar en el desarrollo de las población indígena.
Refirió que, entre otros beneficios, el seminario “permitirá recibir información sobre los derechos de las personas indígenas que son parte de un proceso penal así como tener acceso a los expedientes”.
En su oportunidad, el representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en México, Aníbal Quiñonez Abarca, destacó el trabajo de la CDI y el Departamento de Derecho Internacional.
Indicó que con ello, ambos organismos “apoyan los esfuerzos para facilitar un mejor conocimiento del Sistema Interamericano a fin de que los líderes indígenas conozcan los instrumentos y los utilicen de la manera más eficaz”.
En tanto, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Alday González, dijo que existe una importante colaboración entre México y la OEA, a fin de divulgar, capacitar y sensibilizar al sector académico sobre los mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
De su lado, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Eviel Pérez Magaña, señaló que el reto es hacer respetar las garantías que han sido violadas por varios años, y recordó que el presidente Enrique Peña Nieto quiere garantizar un marco jurídico que induzca el acceso a la justicia.
A la inauguración del seminario, en el que participan representantes de los 68 pueblos indígenas y quienes serán capacitados en diversos temas sobre derechos humanos, asistió la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León.
Así como el asesor jurídico principal del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, Luis Toro y la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, entre otros especialistas.
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