Los priistas actuaron con profesionalismo y prudencia al alcanzar el acuerdo que hizo posible la reforma constitucional para crear el sistema nacional anticorrupción, destacó el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El líder reconoció además la labor de la mesa de trabajo que revisó las iniciativas sobre la materia que presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que incluyeron las propuestas de la sociedad organizada.
“Nuestro grupo parlamentario actuó con la responsabilidad que le corresponde como partido en el gobierno: ofrecer respuestas claras a los ciudadanos que exigen frenar el desvío de recursos públicos a los bolsillos de particulares y erradicar la impunidad”, mencionó.
“Con ese propósito, esta reforma constitucional fortalece las instituciones y cuida los equilibrios del régimen presidencial, así como la vigencia plena del pacto federal”, afirmó en un comunicado.
La política moderna es el arte de generar acuerdos plurales para actualizar tanto el marco jurídico como el diseño institucional, y “esta reforma constitucional nos pone en la ruta de sanear la vida pública como exigen los ciudadanos y requiere el país para su transformación integral”.
Beltrones Rivera expuso que entre las propuestas del grupo priista en San Lázaro para fortalecer está el combate a la corrupción está la obligación de declarar posibles conflictos de interés.
“La ciudadanía puede confiar en que no es un tema efímero de temporada electoral, sino un esfuerzo integral y consistente de alcanzar mejores estándares de buen gobierno en todo el territorio nacional y en todos los órdenes de gobierno e instituciones del Estado”, comentó.
Es el punto de arranque de una transformación cultural que debe llevarnos a un servicio público con un riguroso sentido ético, pulcritud en el manejo de los recursos públicos y a la participación ciudadana en la rendición de cuentas, agregó.
Se trata de castigar sin excepción los actos de corrupción y de prevenirlos con la promoción de un sistema de integridad pública basado en las mejores prácticas internacionales, añadió.
Beltrones Rivera declaró que esto incluye capacidades técnicas para evaluar el desempeño del servidor público conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.
Es un auténtico cambio de paradigma en el servicio público basado en la colaboración institucional entre el Estado y la sociedad civil, como es propio de un gobierno abierto.
En ese sentido subrayó que el sistema nacional anticorrupción está construido sobre cuatro firmes pilares: una Auditoría Superior de la Federación con facultades más amplias para actuar con oportunidad y un Tribunal de Justicia Administrativa autónomo y con fuerza suficiente para sancionar las faltas y obligar a la rendición de cuentas.
Además, una Fiscalía Anticorrupción que investigará y castigará penalmente los casos de deshonestidad, así como una Secretaría de la Función Pública a cargo de acciones preventivas y de la mejoría del servicio público, cuyo titular podrá ser ratificado por el Senado.
El conjunto de medidas integra un sistema que articula las acciones que hoy aparecen aisladas y que serán coordinadas por una ley general, que distribuirá las competencias entre los tres órdenes de gobierno .
También establecerá las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y sanciones que correspondan a sus actos u omisiones, para un sistema de fiscalización de carácter nacional, oportuno y funcional.
Con esta reforma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tendrá que esperar a que concluya el ejercicio fiscal para actuar de inmediato por denuncias de casos graves de corrupción.
Podrá presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, según se trate de un delito o de una falta; también se abren al escrutinio público los fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
Manlio Fabio Beltrones indicó que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer sanciones por faltas graves, tanto de funcionarios como de particulares, quienes no podrán eludir su responsabilidad en actos indebidos y deberán resarcir los daños al patrimonio público.
Entre otros avances adicionales, se eleva de tres a siete años el periodo de prescripción de una falta o delito en casos de corrupción. Así, con la actuación oportuna de la Auditoría y del Tribunal, se cierra el círculo que corta el paso a la impunidad.
Un aspecto igualmente trascendental es que la extinción de dominio se incorpora a la ley para los casos de enriquecimiento ilícito, con lo que se asesta un serio y severo golpe a la corrupción. Los bienes mal habidos de funcionarios corruptos se convertirán en propiedad de la nación.
Por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, se agregó la obligación de los funcionarios de declarar tanto su patrimonio, como posibles conflictos de interés, precisó el líder de los diputados priistas.
La política moderna es el arte de generar acuerdos plurales para actualizar el marco jurídico y el diseño institucional, externó, y esta reforma constitucional pone a México en la ruta de sanear la vida pública como exigen los ciudadanos y requiere el país para su transformación integral, añadió Beltrones Rivera.
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