El Senado aprobó, en votación nominal y por unanimidad, el dictamen de las comisiones unidas de Vivienda y Estudios Legislativos por el que se reforma la Ley de Vivienda en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.
En el marco de la sesión ordinaria, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, comentó que en México hay 7.7 millones de personas con discapacidad, y viven en 19 por ciento de los hogares que existen, una parte de ellos sin las condiciones de diseño adecuadas a sus necesidades.
Reconoció que el Estado mexicano ha realizado esfuerzos en la materia y, en ese sentido, el Poder Legislativo debe continuar en el fortalecimiento del marco jurídico para contemplar acciones transversales a favor de los derechos de ese sector de la población.
Con las modificaciones realizadas a la Ley de Vivienda se determina que los hogares construidos por el Estado deben cumplir con la normatividad vigente en materia de diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad, con la finalidad de que puedan moverse de forma independiente.
Asimismo se estipula la promoción para que en los programas de vivienda incluyan criterios para rehabilitación y construcción de vivienda para personas con discapacidad.
Además, el Gobierno Federal deberá establecer, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), un Programa Nacional de Vivienda accesible y con diseño universal. La minuta aprobada fue enviada a la Cámara de Diputados.
Otro dictamen de las comisiones unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda, para adicionar el Artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también fue votado a favor.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Segunda, subrayó que la adición ayuda a dar certeza jurídica a los trabajadores que se incorporan al sector formal, a través de la subcontratación.
Explicó que la reforma establece obligaciones a los patrones y empresas de subcontratación para que informen al Infonavit y, de esa manera, la institución cuente con el registro y control de los empleados que laboren bajo esa modalidad.
También hará posible que los empleados por empresas de tercerización puedan acceder a créditos para la vivienda.
Ese dictamen fue aprobado por el pleno por 87 votos en favor y se envió al Ejecutivo federal.