Autoridades estatales deben garantizar el derecho al acceso al agua potable de una manera más equitativa, opinó Beatriz Canabal Cristiani, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante la presentación del libro “El Agua en los Pueblos del Sur de la ciudad de México”, la especialista de la Unidad Xochimilco dijo que la tendencia hacia la privatización del recurso no es la respuesta para que las mayorías accedan a ese bien, ni implica mejoría en sus condiciones de salud ni en su calidad de vida.
Explicó que la problemática ambiental y del agua de la zona sur de la capital “es compleja y tiene que ver con diversidad de actores e intereses”, lo que ha merecido investigaciones desde distintas disciplinas que han dado cuenta de un diagnóstico poco favorable.
Si bien ha habido propuestas de instancias gubernamentales que han pretendido acercarse a las demandas básicas de la población “éstas han adolecido de una mayor continuidad, coordinación, eficiencia y equidad en la distribución de apoyos y financiamientos para los proyectos en beneficio de la población local”, reconoció Canabal Cristiani.
A su vez, Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Unidad Iztapalapa, de la misma casa de estudios, consideró que la solución al problema no es la ley general de aguas.
Ello, continuó, ya que ésta para establecer proyectos de largo plazo permitiría a empresas extranjeras cláusulas mediante las cuales el Estado se compromete a pagar, en caso de rescisión de contrato, las ganancias esperadas hasta por 30 años.
Lo anterior significa que si se generan conflictos laborales o un gobierno local decide que las aguas municipales son públicas y se les rescinde el contrato, no se van sin haber cobrado las ganancias esperadas, añadió.
Notas Relacionadas
About The Author
