La llegada de caravanas migrantes y el elevado flujo de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos se disparó en durante 2021, ya que el número de atenciones brindadas por el DIF a niños y adolescentes extranjeros en territorio nacional en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), este fenómeno de crecimiento se refleja a partir de 2019 cuando se registraron 2 mil 185 casos, mientras que en 2018 fueron solo 627.
Para 2020, los menores migrantes atendidos fueron mil 807, una baja derivada por la pandemia de covid-219 pero para 2021 con cifras hasta octubre, los casos atendidos ya suman dos mil 408.
Es decir, entre los últimos tres años de Peña Nieto y los tres primeros de López Obrador, los casos de niños migrantes pasaron de mil 156 a seis mil 400, lo que significa un incremento de 453 por ciento, principalmente originarios del Triángulo Norte.
Estos números encendieron las alertas desde la presidencia de la república, pues con labores de inteligencia se logró detectar que los menores son utilizados por los traficantes de personas para facilitar la estancia legal de los adultos tanto en México como Estados Unidos.
Los menores atendidos en “movilidad humana” como los registra oficialmente el DIF fueron en su mayoría hombres con cinco mil 36 registros y mil 911 mujeres, del resto no se tiene información.
Y por rango de edad, los registros marcan mil 27 atenciones de menores de cero a cinco años; 830 de seis a 11 y cinco mil 20 de 12 a 17.
Por nacionalidad, el triángulo norte significa el 72 por ciento del origen de los niños migrantes. De Guatemala se atendieron a 2 mil 893, de Honduras a dos mil 57 y de El Salvador a 513. Después de estos países, se registraron otros como Brasil (165), Venezuela (162), Ecuador (160), Chile (116), Nicaragua (90), Colombia (90).
Pero también hay registros de países muy lejanos a México como 74 de Rumania, 61 de India, Congo (15), Kirguistán (9), Turquía (9), Bangladesh (5), entre otros.
Según las políticas del gobierno de México, los menores migrantes no acompañados constituyen un grupo altamente vulnerable y es la obligación “moral y legal” del estado mexicano velar por su seguridad y garantizar su bienestar.
Por tanto, cuando conoce de casos, el Instituto Nacional de Migración (INM) canaliza a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal, Estatal o Federal), y al mismo tiempo notifica a las Procuradurías de Protección, a fin de proteger el interés superior de las personas menores de edad, observando, si es el caso, el principio de unidad familiar.
“El referido proceso jurídico no solo garantiza que la decisión sobre la situación migratoria del menor partirá del interés superior del mismo, sino que también permite que dicha población ya no esté expuesta o en peligro”
Apenas en abril, el INM anunció la instalación de 17 campamentos en la frontera sur de Chiapas y Tabasco que estarían a cargo del DIF para atender el incremento de menores migrantes.
Para este fin, el INM cedió algunas de sus instalaciones al DIF para aplicar este plan que podría extenderse a Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Baja California.
(milenio.com)
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