Al inicio del primer periodo de sesiones de la LXIII Legislatura, que inicia el 1 de septiembre próximo, el Senado de la República analizará la minuta de Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada.
Informó la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al precisar que dicha minuta fue remitida por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril.
En un comunicado, explicó que luego de la publicación de la reforma constitucional en la materia, en la ley secundaria se definen los procedimientos de actuación del gobierno mexicano, de las instancias gubernamentales y de la sociedad para garantizar que las personas no sean discriminadas en este derecho fundamental.
Al inaugurar el “Encuentro del Frente Parlamentario contra el Hambre. Capítulo México”, subrayó que la alimentación es uno de los derechos humanos más fundamentales, trascendentales y vitales de las personas, inscrito en la Constitución.
Precisó que al Senado le preocupa y se ocupa del tema, y para ello, cuenta con la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria que se encargará de analizar la iniciativa cuando sea turnada por la Mesa Directiva del Senado.
En su oportunidad, la senadora Lizbeth Hernández Lecona, secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, dijo que ese órgano legislativo ha llevado a cabo foros de análisis a la ley secundaria del Artículo 4 constitucional del derecho a la alimentación, y que también ha participado en Mesoamérica sin hambre.
Al foro también asistió la diputada María Esther Garza Moreno, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informó que en la minuta que se remitió al Senado en abril pasado se trabajó al menos 290 horas junto con organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Fernando Soto Baquero, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México (FAO), dijo que la erradicación del hambre es un propósito social, político y económico de la sociedad mexicana.
Agregó que lo anterior se ve concretado en el consenso de una ley por el derecho humano a la alimentación, y que en la región latinoamericana, que produce hasta tres veces más alimentos de los que necesita su población, no es posible que aún haya quien no tenga qué comer.
Reconoció que al incorporar en la Constitución el derecho humano a la alimentación, se conforma ese marco institucional de reglas necesarias para que el Estado mexicano logre garantizar ese derecho a todos sus ciudadanos.
Finalmente, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisó que México tiene un reto peculiar al ser frontera con el principal mercado del planeta: Estados Unidos, pues se ha visto afectado en sus prioridades, flujos, inversión y consumo alimenticio.
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