» Ana Lilia Rivera acusa al Poder Judicial de bloquear “transformaciones del proceso democratizador”

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, acusó al Poder Judicial de bloquear “las transformaciones que requiere el proceso democratizador”.

Sostuvo por ello que una reforma del Poder Judicial  es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo.

La legisladora de Morena afirmó que la separación de poderes debe apuntar a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, con el fin de que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones en beneficio del pueblo.

Sin embargo, dijo, “actualmente, el Poder Judicial no coopera, sino bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía”.

Rivera subrayó así la importancia de poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, pues a su juicio muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.

“La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quién puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido”, remarcó.

En su artículo Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia, la senadora subrayó que la reforma propuesta por el Ejecutivo prevé la elección por voto popular de todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aclaró que eso no significa que jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

La iniciativa considera igualmente la reducción de once a nueve ministros y la disminución de su período en el cargo de 15 a 12 años, además de la eliminación de las dos salas superiores de la Corte.

El Poder Ejecutivo propondría a diez candidatos a ministros; el Poder Legislativo, a diez más, y el pleno de la Suprema Corte a otros diez.

Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal sería sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, con lo cual ningún magistrado concentraría atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades.

(milenio.com)