Representantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) instaron a diputados federales abandonar el proyecto de Ley General de Aguas Nacionales por considerarlo inconstitucional, pues sólo regula el uso y aprovechamiento del líquido.
Indicaron que no se concentra en el derecho humano de acceso a ese recurso, estipulado en la Carta Magna desde el año 2012.
Los juristas se reunieron con la Comisión de Recursos Hidráulicos, como parte de las audiencias públicas en torno al dictamen de la Ley General de Aguas para compartir puntos de vista y en afán de mejorar dicha propuesta, “la cual debe regresar a la comisión para revisarse”, explicó el presidente del órgano legislativo, Gerardo Gaudiano Ruvirosa.
Durante el encuentro, Héctor Herrera Ordoñez y Javier Dorantes Díaz, segundo vicepresidente y coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental de la BMA, respectivamente, recordaron que el dictamen de la Ley reglamenta los artículos 4 (derecho humano al acceso al agua) y 27 (regulación del uso del agua) de la Constitución.
Consideraron necesario reformar o derogar la ley de aguas vigente, ya que se volvió obsoleta; empero, subrayaron que los dos mandatos de la Carta Magna son diferentes, por lo que no se pueden mezclar en una sola norma o precisar una distinta para cada cuestión.
El proyecto es inconstitucional, insistió Dorantes Díaz, porque no considera las disposiciones jurídicas internacionales en materia del derecho humano al agua; impide la progresividad de otras garantías; deja jurídicamente indefensos a muchos usuarios y no considera a grupos vulnerables como los indígenas, ni soluciona sus problemas de accesibilidad al líquido.
Herrera Ordóñez advirtió que si se expide la Ley General de Aguas generaría problemas que pondrían en riesgo su eficacia, pues sería impugnada mediante controversias constitucionales tanto por entidades federativas que no la aprueben como por cualquier usuario del agua que fuera perjudicado y demande violación a derechos humanos por el exceso de facultades discrecionales de las autoridades.
“Sería riesgosa una ley cuya eficacia sea cuestionable. El Congreso está obligado a vigilar y hacer respetar los derechos humanos”, añadió.
Por lo tanto, dijo, proponemos que se trabaje en una Ley del Derecho de Acceso al Agua que se concentre en la reglamentación del cuarto constitucional y ayude a resolver las demandas de justicia social para los que menos tienen.
Asimismo, coincidieron en que una norma que atienda el derecho humano al agua debe garantizar un mínimo vital para los ciudadanos; satisfacer exigencias de calidad y salubridad que no pongan en peligro la salud de los consumidores; un acceso económico, así como fomentar el uso de plantas tratadoras, entre otros aspectos.
El diputado Gaudiano Ruvirosa comentó que la Ley de Aguas Nacionales de 1992 tomó como base la abundancia de ese recurso y dio por hecho que se podía explotar indiscriminadamente; sin embargo, “hoy las cosas han cambiado radicalmente”, por lo que consideró relevante legislar con base en el derecho humano al agua.
“La Ley de Aguas Nacionales es obsoleta, pero es necesario escuchar a todos los actores y regresar a comisión el dictamen para ser revisado y crear una nueva iniciativa, aunque el tiempo apremie. No podrá salir en este periodo ordinario, pero todas las aportaciones serán de mucha utilidad para la próxima legislatura”, agregó.
En tanto, el diputado perredista, José Antonio León Mendívil, manifestó preocupación por el uso del “fracking” en el país, en virtud de que vulneraría el derecho de acceso al agua.
Los diputados, subrayó, “no queremos contribuir por ignorancia, omisión o complicidad a que haya una legislación que se preste a malinterpretar la acción de los legisladores, pues está en juego la vida del planeta y de las familias mexicanas”.
Reiteró que el interés de los ciudadanos en el tema del agua es muy grande, por lo que “están equivocados quienes pensaban que esto era algo superficial”.
Existen dudas sobre si este recurso se va a privatizar, por lo que el acercamiento con los expertos es necesario para mejorar las propuestas y evitar que estas perjudiquen a la ciudadanía, recomendó.
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