La intervención gerencial oportuna en Ficrea evitó un deterioro mayor de los activos de la sociedad financiera popular que se tradujera en más pérdidas para sus ahorradores, sostuvo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Al comparecer ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, afirmó que la detección oportuna del problema permite ampliar la recuperación de los activos de la Sofipo, para compensar en mayor medida a los seis mil 876 clientes de la entidad financiera.
Si bien reconoció que este caso revela la necesidad de hacer nuevamente una revisión al marco regulatorio del sector de ahorro y crédito popular, pues toda reglamentación es perfectible, también expuso que culpar a la Comisión de este hecho no resuelve el problema.
“Diversas críticas han surgido en los días más recientes, cuestionando la actuación de la Comisión; sin embargo, cuestiona la labor de la Comisión en lugar de señalar a quienes orquestaron el fraude no resuelve el problema de fondo y sí vulnera la credibilidad de las instituciones que velan por la seguridad del sistema financiero en su conjunto”, expresó.
Reiteró que la Comisión actuó de forma responsable y oportuna, trabaja intensamente en encontrar los mecanismos que permitan asegurar o respaldar los ahorros de los depositantes”.
Ante legisladores, detalló que las visitas a las instalaciones de la Sofipo que se realizaron a partir del 2 de marzo del año pasado, dio motivo a iniciar una investigación más profunda sobre sus operaciones.
Subrayó que esta supervisión más detallada sobre Ficrea, derivada de la falta de entrega de información solicitada y obstrucciones al acceso de la misma, permitió a la CNBV detectar las operaciones irregulares y contra los clientes de la entidades.
Recordó que a los acreditados se les obligaba a firmar dos contratos, cuando sólo recibían los recursos de uno solo, además de detectarse un desfalco de dos mil 700 millones de pesos para uso ajeno a la operación de la institución.
De ahí que, apuntó, se tomó la decisión de intervenir la Sofipo para evitar afectaciones a los ahorradores el 7 de noviembre del año pasado y su disolución el 17 de diciembre.
Mencionó luego de que el 22 de diciembre se inició la recepción de solicitudes del seguro de depósitos, hasta el momento se han presentado tres mil 516 peticiones por partes de un total de seis mil 876 ahorradores para recuperar sus recursos por hasta de alrededor de 131 mil pesos.
De hecho, puntualizó González Aguadé, el gobierno federal realiza todo lo necesario para lograr la mayor recuperación de los ahorros de los depositantes, en el menor tiempo posible.