El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, solicitó al Congreso de la Unión reformas legales para evitar la reelección del ombudsman nacional.
En entrevista en el marco de la presentación de su informe de labores en la Cámara de Diputados, destacó que quien esté al frente de la CNDH tiene que ejercer sus atribuciones a cabalidad y eso significa mostrar su independencia y autonomía frente a todo poder público.
El defensor sustenta su actuación en su autoridad moral y en la credibilidad que logre en la sociedad, por lo que su reelección “debilita la autonomía moral, al politizarse la pretensión de un segundo periodo o una reelección en el cargo”.
Además, “es una convicción personal, y de ahí la propuesta que he reiterado ante el órgano legislativo para que no haya reelección” en la presidencia del organismo, reiteró.
Al titular de la CNDH, agregó, “tenemos que fortalecerlo en su credibilidad y quitarle todo aquello que pueda influir en ella”.
El presidente del organismo debe hacer su trabajo solamente “bajo la presión de las pruebas que se desprendan de su expediente; la única presión que puede aceptar es el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales”.
Incluso, estimó que si “buscamos retomar el liderazgo en el ámbito internacional, es porque queremos lograr la comunicación permanente con los organismos internacionales de defensa de derechos humanos”.
En este sentido, dio a conocer que el 3 de febrero próximo la CNDH presentará ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, en Ginebra Suiza, un reporte sobre este tema y no solamente de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, sino de manera general.
Por otra parte, externó que el expediente del caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no se puede dar por concluido hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción.
El ex abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exhortó a los padres de familia y a las autoridades federales a darse un espacio de diálogo, para aclarar cualquier duda en torno al caso.
No se cerrará ningún expediente en la materia “mientras no se agoten todas las aristas que tienen que ver con los derechos fundamentales y luego de ello haremos el pronunciamiento que corresponda”, subrayó.
“Debe señalarse que en las investigaciones que se llevan a cabo, las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”, agregó González Pérez.
Explicó que lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, por tratarse de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.
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